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Profeco vigilará que se respeten ofertas durante el Buen Fin

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) vigilará que comerciantes y prestadores de servicio respeten ofertas y promociones durante el programa Buen Fin que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre próximo.

El titular de la Profeco, Rogelio Cerda Pérez, advirtió que se impondrán multas de hasta un millón y medio de pesos a quienes violen la Ley Federal del Consumidor y se compruebe que no respetaron los precios y condiciones que ofrezcan a los consumidores.

En conferencia de prensa, el funcionario hizo un llamado a los consumidores a realizar compras bien pensadas y los invitó a no comprar lo que no necesiten.

Sostuvo que el programa Buen Fin, es un sano ejercicio para que el consumidor que realmente tiene necesidades de consumo y de compra de adquisición de bienes y servicios, aproveche un descuento importante.

«Yo recomendaría a los ciento veintitantos millones de mexicanos que son consumidores, que antes de que empiece el Buen Fin hagan una lista de lo que realmente necesitan porque ir de compras, sin esa lista, nos lleva a un mundo de consumo que no necesariamente es el mejor para el consumidor», enfatizó.

Cerda Pérez refirió que se instalarán durante esos cuatro días, 157 módulos y la Profeco tendrá presencia en 316 centros comerciales.

Asimismo, dijo que durante septiembre pasado se realizó un levantamiento de precios para constatar que durante el Buen Fin se hagan ofertas y promociones verdaderas y en los días previos seguirán revisando los costos de los productos y solicitando a quienes participen, coloquen preciadores y cumplan las ofertas.

Humberto Lepe, director general de Delegaciones de Profeco, dio a conocer que 1,345 personas entre verificadores y personal administrativo estarán de guardia para atender las quejas de los consumidores.

En otro tema, el titular de la Profeco afirmó que se llegará hasta las últimas consecuencias para sancionar a la empresa Canadian Building Group, responsable del edificio que se derrumbó el pasado 19 de septiembre en la calle Emiliano Zapata 56, delegación Benito Juárez, donde fallecieron dos personas.

Asimismo, resalto la detención, hace unas horas, de Jaime Smith Ríos, socio fundador de la empresa Smith Tecnología Aplicada.

Informó que en este caso, 13 agraviados han presentado denuncia ante la Profeco y comentó que la hipoteca, con las modificaciones a la ley, les dan una garantía de cinco años a partir de la entrega del inmueble, por daños estructurales.

La multa, sólo por incumplimiento a quienes adquirieron un departamento, puede alcanzar dos millones 600,000 pesos por cada departamento, indicó.

Cerda Pérez indicó que no se ha podido notificar a los dueños de la empresa, ya que la Profeco acudió al domicilio de operación de esta inmobiliaria y es una bodega, pero confió en que pronto serán detenidos.

Precisó que tanto en el caso de este edificio como en otros de los que han recibido denuncias, intervendrán para que se emitan resoluciones condenatorias, por lo que trabajan con la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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