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Prohíbe escuela de Tamaulipas uso de mochilas ‘para evitar tragedias’

Para evitar que los estudiantes desde kínder hasta universidad porten algún arma o artefacto que ponga en riesgo a la comunidad estudiantil, instituciones como la Universidad del Norte de Tamaulipas, prohíben el uso de mochilas al interior de las instalaciones.
Diana Chavira Martínez, directora e integrante del Consejo Directivo de esa institución con diversos campus en el territorio tamaulipeco, dio a conocer que es una medida que tiene al menos un lustro y ha dado resultados positivos.
Ante ello, señaló que planteles educativos de los diferentes niveles están obligados a implementar acciones preventivas, que puedan disuadir hechos lamentables como los suscitados en el Colegio Americano del Noreste de Monterrey, Nuevo León, donde un alumno agredió a sus compañeros, una maestra y finalmente se quitó la vida.
En la universidad y preparatoria del Norte de Tamaulipas no permitimos que los alumnos lleven mochila debido a la situación que se esté viviendo en Tamaulipas y a nivel nacional y vamos a seguir tomando esas medidas no vamos a permitirlo”, dijo.
El que los alumnos lleven sus útiles escolares sin mochila es una forma de prevenir incidentes, y dijo, que esta acción la aplicaron por primera ocasión en Nuevo Laredo, donde tiene la matriz esa institución y que atiende alumnos desde nivel de kínder hasta doctorados.
Son más de cinco años que temeos implementada esa acción, desde que kínder hasta universidad y doctorado, ahí tenemos preparatoria escolarizada y para trabajadores, ahí es donde está más la situación de cuando implementamos esa medida”, señaló.
La directiva de la citada universidad consideró indispensable el reforzamiento de valores entre el alumnado, pero para esto se requiere del 50 por ciento de la participación de los padres de familia.
Creo que, si se tiene que tomar esas medidas máxime cuando lo que está sucediendo, las noticias actuales son muy lamentables creo que las escuelas tenemos que reforzar medidas y redoblarlas”, advirtió.
Respecto al análisis de perfiles de los estudiantes, indicó que se aplican estrategias de verificación mediante un departamento de psicología, ya que regularmente detectan alumnos provenientes de familias disfuncionales, y no que sean de padres divorciados, sino en ocasiones de matrimonios que tienen problemas al interior.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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