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México

Prohibirán el uso de celulares en casillas electorales

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Los integrantes de la Comisión de Legislación aprobaron por unanimidad una reforma a la Ley Electoral de Nuevo León para prohibir el uso de celulares y cámaras fotográficas en las casillas electorales, y quien lo haga se hará acreedor a una sanción de hasta 48 horas de cárcel.

Dicha reforma busca evitar que se fuerce a la ciudadanía a votar por determinado candidato en las elecciones, es decir, la posible coacción o alguna acción que se hace con los medios electrónicos, de un sentido u otro del voto, ya que en procesos pasados se ha hecho uso de la cámara de un celular para dar testimonio de haber votado por uno u otro partido, recurso utilizado para cometer delitos electorales.

La medida surgió a raíz de las frecuentes denuncias ciudadanas en elecciones, ya que presuntamente esta actividad forma parte del método de comprobación de los votos coaccionados o bien, para poder comprobar el pago de un posible voto vendido.

La vieja práctica del celular para que le paguen a alguien el voto porque votó de tal o cual manera, traerá como consecuencia que no sólo se impida el acceso de celulares a la casilla, sino que además no puedes ir a votar si traes tu celular”, justificó el presidente de la comisión Héctor García.

El dictamen aprobado prevé que en caso de que alguna persona entre a la casilla con un celular, los cuerpos policiacos tendrán la facultad de detener al individuo por 48 horas, sin derecho a fianza.

Si esta reforma finalmente se vota en Pleno, la modificación aplica directamente sobre los Artículos 4, 129, 344 y 346 de la Ley Estatal Electoral, misma de la que García espera se presente una reforma integral.

 

Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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