Un grupo de 17 senadoras y senadores del PRI en el que participó la chihuahuense Graciela Ortiz presentó una iniciativa para concretar en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación el fortalecimiento de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, para fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados y los municipios.

La materia se relaciona específicamente con la fiscalización de la deuda que contraten los gobiernos estatales y municipales, con el combate a la corrupción y con la obligada disciplina fiscal que ya establece la Constitución General de la República para todas las entidades federativas.

En 2014, las participaciones federales erogadas por los gobiernos estatales y municipales ascendieron a 584,904.3 millones de pesos, monto que representó el 36.3 % del gasto federalizado y el 12.8 % del gasto total ejercido . Estos recursos ahora pueden ser revisados y fiscalizados por la entidad de fiscalización superior de la federación.

Dicha iniciativa busca aplicar el principio de supralegalidad constitucional a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, es decir, modificar diversos artículos de esta Ley con el objetivo de garantizar y vincular las nuevas facultades constitucionales que tiene la Auditoría Superior de la Federación en su ley reglamentaria, respecto a las atribuciones de la función de fiscalización sobre las participaciones federales y las garantías que otorgará el gobierno Federal sobre los empréstitos de los estados y municipios.

La reforma constitucional y la correspondiente a la ley secundaria pretenden evitar la indisciplina de estados y municipios en cuanto a contratación de deuda pública y establecer un sólido mecanismo de fiscalización por parte de la Auditoría Fiscal de la Federación.