Chihuahua.- Integrantes del Comité de Salud Pública y Defensa Ciudadana promovieron un recurso de revisión constitucional a la decisión que dio el Tribunal Estatal Electoral (TEE) con relación a la validación de la candidatura al gobierno estatal de María Eugenia Campos Galván, presidente municipal de la ciudad de Chihuahua con licencia que se encuentra vinculada a un proceso penal por uso ilegal de recursos públicos.

El candidato local suplente e integrante de la organización ciudadana, Román Alcantar Alvídrez, informó que la revisión ya fue asignada a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y están en espera que resuelva si esa candidatura es o no viable.

Además, en el primer día de las campañas electorales para presidentes municipales, síndicos y diputados locales, encontraron evidencia de que candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) utilizan vehículos del Gobierno del Estado en sus campañas, específicamente el candidato a diputado local por el Distrito 02, Ulises Pacheco.

“Está utilizando una camioneta que pertenece al Gobierno del Estado de Chihuahua en las campañas… se va a presentar la denuncia penal correspondiente por ese delito electoral, que podría caer en una especie de peculado electoral. Le daremos seguimiento puntual”, declaró.

Pidió a la ciudadanía que sea consciente y que analice quienes son los candidatos que tienen enfrente para elegir o no, al menos que cavilen sobre la candidata del PAN a la gubernatura, quien está vinculada a proceso por un expediente relacionado de forma directa con la persona que más lesionó al estado de Chihuahua: el ex gobernador, César Duarte Jáquez.

La Fiscalía General del Estado (FGE), indicó Alcantar Alvídrez, la acusó de recibir dinero directamente del ex funcionario para que le aprobara cuentas públicas, presupuestos, egresos y un sinfín de cosas.

Además, se espera que le formulen imputación por delitos que al parecer cometió cuando ella era presidente del Municipio de Chihuahua, que tienen que ver con asignación a contratos a al menos cinco empresas para que prestaran diferentes servicios, pero que le regresarían cierta cantidad de dinero, dependiendo del contrato que les dieran.
Se dio a conocer que posiblemente dispuso de un millón 300 mil pesos a través de una tarjeta de crédito que tenía a su disposición y que fue utilizada en México, Estados Unidos y Europa.

“Es una persona que no tiene el más mínimo interés en enfrentar a la justicia, mientras que sus sus abogados atacan la forma del procedimiento y no su fondo”, puntualizó.