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México

Propone Cruz Pérez Cuéllar reforma al Sistema Integral de Justicia

Con el objetivo de crear mecanismos para evitar la reincidencia del delito de adolescentes y procurar su reinserción social de manera especializada, el senador por Morena Cruz Pérez Cuéllar, propuso en el marco de la VI Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario, una reforma al Reforma al Sistema Integral de Justicia.

A través de una reunión plenaria en modalidad a distancia, en la que no participaron funcionarios federales ni secretarios de estado, las y los senadores expusieron diversos temas o reformas que habrán de presentarse en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legislativo que esta por iniciar el 1º de febrero.

Durante la plenaria se presentaron iniciativas, como la reforma a los ordenamientos que regulan el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para reducir su asignación presupuestal; la reforma a la Ley del Banco de México y la reforma en materia de Subcontratación (Outsourcing)

De la misma manera, se propuso la: Ley de la Fiscalía General de la República; la creación de la Ley de Economía Circular; la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos y se revisó la aprobación de las Leyes Secundarias y las adecuaciones normativas derivadas de la reforma constitucional en materia educativa; Ley de Educación Superior y de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación

Pos otro lado, se planteó la Conclusión del Trámite de la Ley de Educación Superior; se proyectó la entrega de la Medalla Belisario Domínguez y se presentó la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario de Morena para el Segundo Periodo del Tercer An?o de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Durante su intervención, el senador chihuahuense expuso que la iniciativa que esta promoviendo, pretende adicionar a los supuestos que admiten el internamiento de personas adolescentes, el robo cometido mediante la utilización de objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego; es decir, armas réplica.

“Nuestro trabajo como Legisladoras y Legisladores es modificar las leyes para que, en este caso, los adolescentes no se inserten en las filas de la delincuencia, evitando con ello que quienes hayan cometido un delito, lo continúen haciendo como un estilo de vida” mencionó el senador morenista durante la argumentación de su iniciativa.

Para finalizar, el senador Pérez Cuéllar, se congratuló que durante VI Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, se definiera una agenda legislativa mediante la cual, se buscará dar continuidad a los trabajos parlamentarios para materializar el rediseño de diversos instrumentos legales que construyen las bases jurídicas y normativas para hacer frente a los diferentes retos que tiene el paí

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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