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Propone diputada prohibir que los menores sean disciplinados a golpes

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Buscando erradicar la violencia contra menores, el Congreso del Estado analiza la posibilidad de incluir dentro de los derechos de los niños el de no ser castigados corporalmente con fines disciplinarios por sus padres o tutores. La propuesta será analizada en comisiones antes de ser dictaminada.

La diputada Martha Garay Cadena, del Partido Revolucionario Institucional, presentó ayer una iniciativa para modificar los artículos 4 y 27 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas de Coahuila, para que queden prohibidos los castigos físicos hacia los niños.

Por ello, se propone que el artículo 4 de la citada Ley contemple entre los derechos de los niños “A una vida libre de violencia, a la integridad, la libertad y la seguridad. Quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes deberán abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal”, se propone.

Diputados aprueban en lo general la reforma a ley del ISSSTE

Por otro lado, se propone que el artículo 27 de la misma Ley obligue a las dependencias competentes a: “Elaborar programas tendientes a prevenir, detectar, y atender la violencia familiar, escolar y comunitaria, en el ámbito de su competencia e instrumentar mecanismos, acciones legales y campañas de información necesarias para prevenir el castigo corporal con fines disciplinarios”.

Aclaró que la prohibición no pretende penalizar la conducta en el ámbito privado, sino erradicar una práctica legitimada de maltrato disfrazado de disciplina. Agregó que bajo ninguna circunstancia se debe sustentar el uso de la violencia para la educación.

La iniciativa fue turnada a comisiones, donde será estudiada a fondo antes de ser dictaminada por el Congreso.

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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