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México

Propone diputado de Nueva Alianza renovar cada 6 años cédula profesional

El diputado Ángel García Yáñez presentó la iniciativa que indica que los profesionistas deberán presentar una evaluación teórico-práctica.

El integrante de la bancada de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, Ángel García Yáñez propuso que la Cédula Profesional se renueve cada 6 años, con la finalidad, dijo, de que aquellos que no certifiquen su preparación de forma periódica, no puedan ejercer más la carrera que estudiaron.

«Quienes no acudan a la certificación de estudios estarán impedidos para seguir ejerciendo la carrera», señaló el legislador, quien también indicó que se debe integrar un padrón por especialidades de todos los profesionistas titulados, el cual deberá actualizarse en forma anual y estará disponible para su consulta.

La propuesta de García Yáñez también expone que los interesados deben presentar una evaluación teórico-práctica, con la finalidad de que demuestren que cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para continuar ejerciendo la profesión.

Dicha evaluación podrá solicitarse en la institución de educación superior donde haya cursado sus últimos estudios o en otra de su elección, la cual deberá expedirle una constancia que contenga los resultados de la evaluación correspondiente.

La propuesta se publicó en la Gaceta Parlamentaria y se remitió a la Comisión de Educación para su análisis.

En la presentación de la iniciativa, el diputado apuntó que la sociedad requiere de profesionistas capacitados y especializados, sobre todo en carreras como medicina, que implica diversas ramas y especialidades como anestesiología, ginecobstetricia, odontología, oncología y enfermería, entre otras.

“Los psicólogos o psiquiatras están en la misma condición y se extiende a los abogados que ejercen las distintas disciplinas jurídicas, donde se requiere de expertos y no de chantajistas, pues el resultado de un mal ejercicio profesional puede derivar en ser privado de derechos como a la libertad, el patrimonio o la vida”, agregó el legislador.

La iniciativa no ha sido bienvenida en redes sociales, donde internautas acusan que el diputado que la presentó, no cuenta con estudios universitarios, por lo cual señalan que no tiene la calidad moral para proponer una medida como la referida.

Cabe destacar que de acuerdo al Sistema de Información Legislativa, Ángel García Yáñez sólo cuenta con estudios a nivel preparatoria.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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