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Propone Morena reducir tiempo de permanencia en Buró de Crédito

Nohemí Alemán Hernández, diputada de Morena, propuso reducir el tiempo de permanencia en Buró de Crédito, esto, informó con el propósito de reactivar la economía y apoyar a quienes durante la pandemia del Covid-19 no han podido pagar debido a dificultades económicas o se quedaron sin empleo, y así evitar que no puedan acceder a futuros préstamos.

La diputada federal detalló que su iniciativa busca reformar el primer párrafo del artículo 20, así como el primer, segundo y tercer párrafos del artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia para que el registro en la cartera vencida sea de 18 meses en vez de 72 como ocurre actualmente.

El propósito es que las personas que caen en cartera vencida sean sancionadas por menos tiempo, porque hay deudas que a veces no rebasan los tres mil pesos, lo que les impide tener finanzas personales sólidas. Boletinar a una persona por deuda con alguna institución crediticia no debería superar los dos años», dijo.
Nohemí Alemán Hernández señaló que por la emergencia económica generada por el coronavirus hubo despidos de trabajadores y muchos de ellos tienen deudas crediticias, de ahí la necesidad de apoyarles para que no caigan en cartera vencida.

Por ello es necesario modificar la legislación, con el fin de reactivar la economía nacional y familiar, principalmente de los grupos económicamente vulnerables, a quienes se les permitiría el acceso, según lo determine su ingreso, a créditos bancarios».

La legisladora federal aseguró que las instituciones cuentan con bases de datos que contienen los historiales de crédito de aquellas personas que alguna vez solicitaron y obtuvieron una tarjeta de crédito comercial, una tarjeta bancaria u otro tipo de préstamo o servicio -por ejemplo, de telefonía celular o televisión restringida-, así como de empresas comerciales que otorgaron crédito, como tiendas departamentales, empresas de financiamiento de automóviles.

Tales reportes son utilizados para resolver si los solicitantes son sujetos de crédito o no, y pueden ser determinantes para que las entidades financieras y empresas comerciales aprueben o rechacen créditos».
Por ello, indicó la diputada morenista, es preciso establecer reglas más flexibles a fin de que las personas puedan tener acceso al crédito para hacer frente a necesidades inmediatas provocadas por la emergencia sanitaria, sin correr el riesgo de que se le boletine por años la deuda, subrayó.

Fuente: AM

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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