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México

Propone Peña Nieto eliminar pase automático de procurador a fiscal

Frente a las objeciones que han surgido de distintos actores políticos y sociales sobre el proceso de designación del próximo fiscal general de la República y el efecto que ha tenido para retrasar la aprobación de la ley orgánica de la nueva Fiscalía General de la República, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión mediante la cual se cancela la disposición que establece el pase automático del actual procurador general de la República a fiscal.
Mediante un comunicado, la Presidencia reconoce que las distintas posturas respecto a este punto, que incluye al propio procurador Raúl Cervantes se estima que está transición de forma automática del titular de este cargo “no abona a centrarse en la discusión del modelo constitucional de la fiscalía, por ello se determinó modificarlo”.
Para la Presidencia de la República de aprobarse este cambio constitucional cuando se expida la ley orgánica de la Fiscalía General de la República por parte del Congreso “no existiría pase automático de un procurador a fiscal sino que correspondería al Senado iniciar el procedimiento para designar al nuevo fiscal general de la República”.
De acuerdo al comunicado, el objetivo central es trabajar para la mejora continua de la institución del Ministerio Público de la Federación que enfrenta los grandes retos “que significa el inicio en todo el país del nuevo sistema de justicia penal acusatorio construyendo procesos y sistemas que fortalezcan la procuración de justicia”.
En su posicionamiento la Presidencia recuerda que la reforma constitucional que está actualmente y que dispone de ese tránsito automático que ahora se pretende eliminar fue aprobado en el Senado con una votación de 106 votos favor, 15 en contra y una abstención en tanto que la Cámara de Diputados lo avaló con 409 votos a favor, 69 en contra y tres abstenciones. Esta iniciativa ahora será modificada ante las diversas objeciones que ha generado este pase automático.

La Jornada

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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