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Propone Profeco cenas de Navidad de 60 pesos por persona

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que con un presupuesto de 60 pesos por persona se puede realizar una cena navideña de tres tiempos en las principales ciudades del país.

Aunque ello dependerá del platillo que se elija y del tipo de ingrediente. Por ejemplo los ingredientes para hacer cuatro porciones de pollo con salsa de ponche puede costar de 51 a 107 pesos, la ensalada de romeritos entre 19 y 35 pesos y la vinagreta de pino de 37 a 48 pesos.

Mientras que una panetela para cuatro a seis personas costará entre 40 y 49 pesos.

En conferencia de prensa, dijo que para la celebración de las estas decembrinas se pueden tener platillos desde 50 pesos y hasta 400 pesos, lo que implica sustituir ingredientes y cambiar de tipo de platillos.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheeld, explicó que en lugar de bacalao que cuesta más de 300 pesos el kilo, se puede usar atún; si se quiere hacer pechugas de pollo se puede recurrir a la pierna y muslo; cambiar el jitomate guajillo por el bola, entre otras cosas.

Explicó que atún a la vizcaína para seis porciones, puede costar un mínimo de 157 pesos o hasta 243 pesos. Mientras que si se da como postre una panetela el gasto sería de 40 a 49 pesos para una porción de cuatro a seis porciones.

Expuso que el bacalao a la vizcaína vale más de 300 pesos el kilo, así que podría tenerse un ahorro de 70% si se utiliza atún.

Las recetas que propone la Profeco se pueden encontrar en la página de Profeco en Youtube o en la página principal de la Procuraduría www.profeco.gob.mx.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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