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Propone senador ley para armar a ciudadanos en México

El senador del PAN, Jorge Luis Preciado, dijo que su propuesta de reforma para que los mexicanos puedan estar armados en todo momento, busca inhibir la delincuencia.
Luego de anunciar una propuesta de reforma al artículo 10 constitucional, que consiste en que los mexicanos puedan portar armas en todo momento, incluso en negocios y automóviles, el senador Jorge Luis Preciado explicó que con ello busca que los ciudadanos tengan la posibilidad de auto defenderse de la delincuencia.
El monopolio de tener armas lo tiene el estado y la delincuencia, los ciudadanos sólo esperan que les caiga el delincuente en el periférico o en su negocio, sin poder hacer nada”, dijo en entrevista para Grupo Imagen Multimedia.
El panista hizo una comparación de los índices delictivos en México, con el de otros países, en donde los ciudadanos sí pueden portar armas para defenderse.
En Estados Unidos existe un registro de armas, con la portación de armas sólo se comenten 4.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en México se comenten 21 delitos por cada 100 mil habitantes, lo que está haciendo la portación de armas es inhibir la delincuencia”.
En caso de que esta propuesta de reforma sea aceptada, explicó Preciado cómo se regularía y en qué casos sí se otorgaría dicho permiso.
La Secretaria de la Defensa (Sedena) tendrá que evaluar a las personas que quieran portar un arma en sus negocios. Posición de armas en la casa, negocio y en el vehículo, tendrá que ser regulado por la ley federal de armas de fuego y explosivos, y serán asignadas sólo a mayores de edad”, detalló Preciado.
Jorge Luis Preciado expresó el posicionamiento de integrantes de su bancada, de quienes espera el apoyo para promover su iniciativa.
Claro que hay polémica; algunos compañeros están a favor de que se porten en los negocios, en los carros no tanto porque dicen que se van a armar balaceras”, dijo.
Aunque la propuesta no fue presentada formalmente ante el pleno, Jorge Luis Preciado publicó su propuesta en la Gaceta del Senado, donde argumenta que el derecho de los seres humanos a portar un arma para su defensa propia tiene su antecedente en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, pues dispone que “siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.
Una vez presentada la iniciativa, se deben esperar los 86 votos que requiere el Senado, donde afirma Preciado que pedirá que se escuche a la ciudadanía, que es quien tendría la última palabra.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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