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México

Proponen acabar con ‘moches’ y discrecionalidad en asignación de recursos

La fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados, propuso reformas para poner un freno a la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para reasignar presupuesto a estados y municipios, en conjunto con legisladores que hacen labores de «gestión», operaciones que se prestaron al cobre de «moches» a las autoridades locales.

El diputado Juan Romero calificó como «absurdo» el «rogar» de munícipes y gobernadores en las oficinas de Hacienda y de San Lázaro, buscando obtener recursos para obras en sus lugares de origen, en algunas ocasiones a cambio del cobro de un «diezmo» o un «moche».

Para ello, indico, es necesario reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de crear un padrón y un registro previo de proyectos de infraestructura a nivel municipal y estatal, que permita llevar un control de las obras propuestas, identificar las que son prioritarias para la población y en función de ello, asignar recursos en el paquete económico.

«Que se genere un registro previo de proyectos que presenten municipios, gobiernos estatales o entidades autónomas de las entidades federales. Esto permitirá transparencia, se registran todas las obras, se ve su prioridad, se ve su presupuesto y se autoriza el mismo dentro del decreto de egresos de la Federación. Acabamos con los moches, hacemos transparentes las obras y establecemos un cronograma de ejecución», apuntó.

Consideró que con esas medidas, habrá transparencia en la construcción de infraestructura y en el uso de recursos públicos, lo que cerrará la puerta a las gestiones de diputados a cambio de un porcentaje del monto asignado, que en años anteriores dio lugar al escándalo de los «moches».

«Era absurdo ver como presidentes municipales por la ciudadanía, tenían que estar suplicando a diputados y senadores que abogaran por sus proyectos de infraestructura municipal. En ese sentido presentamos una propuesta que lleve a erradicar esta práctica que a su vez, permitía los famosos moches. Porque en función de que un legislador apoyaba un proyecto municipal o estatal, tenía posibilidad de negociar un premio por ese cabildeo», remarcó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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