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México

Proponen crear fiscalía para el caso Javier Duarte

Veracruz.- Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato de la coalición Por Veracruz al Frente a la gubernatura, anunció que en caso de ganar las elecciones creará una Fiscalía Especializada para el caso Duarte.

En un mensaje a medios, el hijo del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó que el objetivo es que esa Fiscalía se dedique al 100 por ciento a dar curso legal a todas las carpetas de investigación y llevar ante la justicia a los responsables.

«El 1 de diciembre de este año, inmediatamente después de rendir protesta como gobernador del estado de Veracruz, propondré la creación de la Fiscalía Especializada para el caso Duarte. Aún quedan responsables que llevar a la justicia.

«Pero sobre todo, muchos bienes y cuentas bancarias en México y en el extranjero que podemos recuperar. Son recursos que le pertenecen legítimamente a los veracruzanos», expuso el abanderado de la coalición que integran PAN, PRD y MC.

Yunes Márquez aseguró que esa Fiscalía también investigará el destino de los recursos desviados durante la Administración de Javier Duarte, y emprenderá acciones legales para recuperarlos tanto en México como en el extranjero.

El candidato precisó que la Fiscalía además coadyuvará con la Procuraduría General de la República (PGR) en la integración de averiguaciones y carpetas de investigación, y colaborará con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Yunes Márquez resaltó que tan sólo durante el sexenio de Duarte, la ASF detectó desvíos de recursos federales por más de 50 mil millones de pesos que debieron destinarse a educación, salud, seguridad pública y desarrollo social.

«El pueblo de Veracruz ha sido particularmente lastimado por la corrupción, lamentablemente en el Gobierno de Javier Duarte fue icono de deshonestidad a nivel mundial», dijo.

«Pero la batalla que hemos dado miles de veracruzanos para denunciarlos, sacarlos del gobierno y meterlos a la cárcel, se ha vuelto de igual forma un referente internacional en la lucha por la honestidad y en contra de la impunidad».

Tras afirmar que como Mandatario estatal no descansará hasta terminar de hacer justicia en este caso, Yunes Márquez agregó que esta Fiscalía servirá no solamente para castigar a los responsables, sino hacerlo con sentido de urgencia.

«Mi gobierno será implacable contra la corrupción, nada ni nadie por encima de la ley, por eso además de hacer justicia en los delitos cometidos en contra de los veracruzanos, me aseguraré que nunca vuelva a ocurrir algo similar», abundó.

En materia anticorrupción, prometió la consolidación y fortalecimiento del Sistema Estatal en la materia, a través de la instalación del Comité Coordinador, desarrollar la normatividad aplicable y elaborar mapas y análisis de riesgos sobre los actos que pudieran constituir actos de corrupción, para poder prevenirlos.

Agencias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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