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Proponen reordenamiento a la ley Trata de Personas en Chihuahua

La diputada de la comisión de especial de Atención a grupos vulnerables, Liliana Ibarra destaco, que existe una ley federal para la protección y trata de personas, pero que en el estado de Chihuahua no cuenta con un ordenamiento especial en la materia. No obstante que la oficina de Naciones Unidas para el control de drogas y la prevención del delito, donde estima que nuestro país se encuentra en el quinto lugar en hechos relacionados con el fenómeno delictivo de la trata de personas y que los grupos más vulnerables son precisamente, los niños, los indígenas y los migrantes indocumentados.
Esta comisión finca el posicionamiento para continuar con el estudio, análisis y trabajos relacionados con el proyecto de iniciativa de Ley en materia de Trata de personas para el Estado de Chihuahua.
Informo Ibarra, que la comisión que preside, dentro de su plan y objetivos de trabajo, tiene precisamente el proteger a los grupos sensibles o vulnerables, dentro de los cuales se encuentran las personas sujetas a conductas relacionadas con trata de personas.
La trata de personas es considerada la esclavitud del siglo XXI, es por eso que debe ser tomada en cuenta por esta legislatura con la seriedad e importancia que requiere, porque son los delitos de mayor crecimiento a nivel mundial y una de las violaciones más graves a los derechos fundamentales. Añadió, que también es considerada como una de las actividades de la delincuencia o crimen organizado con mayor incremento en todo el mundo y que solo es superada por el tráfico de armas y el narcotráfico.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos refiere que cada año miles de personas son víctimas de una nueva forma de esclavitud, denominada TRATA DE PERSONAS, y que este flagelo representa un desafío a los gobiernos, significa a su vez una grave amenaza a la convivencia armónica de los pueblos, un brutal ataque a la libertad y a la dignidad de los seres humanos, así como un problema de orden público mundial por su vinculación a los flujos migratorios, a la situación de pobreza y a la peligrosa actuación de la delincuencia organizada, local, nacional y mundial.
La diputada informó que han tenido la oportunidad de realizar ya el primero Foro de Trabajos relacionados con la materia en Ciudad Juárez, el día 22 de Octubre del presente año, contando con la participación del Doctor Samuel González Ruiz, quien fue Titular Fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, La diputada Laura Marín Franco, donde se concluyeron los trabajos con una proyección de continuidad a través de otro experto el doctor Norberto Emmerich, Licenciado en Relaciones Internacionales, Doctor en Ciencia Política, Investigador invitado por el Conacyt (México)
La esclavitud moderna no existe por sí sola, porque está conectada a una serie de problemas del siglo XXI, tales como la persistencia de la pobreza extrema, la discriminación contra la mujer y las minorías, la corrupción y otras fallas de los gobiernos, el uso indebido de las redes sociales, y el poder y alcance de la delincuencia organizada transnacional, ningún país puede poner fin a la esclavitud moderna por sí solo. La eliminación de este azote exige una solución; el sector privado, las instituciones académicas, la sociedad civil, la comunidad jurídica y los consumidores pueden y deben todos ellos ayudar a enfrentar y erradicar los factores que permiten estas conductas delictivas.
Esta comisión pretende agrupar a diferentes dependencias de los tres niveles de autoridad y es muy importante coadyuvar en los esfuerzos legislativos en el Estado de Chihuahua para la pronta implementación del marco legal y la conformación de mecanismos interinstitucionales locales que fortalezcan el combate y prevención de la trata, así como la debida asistencia y atención a las víctimas, finalizó Ibarra.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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