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México

Protestan en 10 estados contra alza a gasolinas

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Ciudadanos de al menos diez estados del país salieron ayer a las calles a protestar en contra del alza a los combustibles, que entró en vigor ayer.

Hubo manifestaciones de rechazo al gasolinazo en la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Estado de México, Chihuahua, Guerrero, Veracruz, BCS, Tamaulipas e Hidalgo.

En redes sociales, de donde se generó la mayoría de manifestaciones, aún se habla de resistencia civil durante esta semana y todo enero, a lo que se han sumado organizaciones campesinas, transportistas, partidistas y sociales.
En Zihuatenejo, Guerrero, transportistas y maestros tomaron cuatro gasolinerías, mientras que en Acapulco, integrantes de Morena y del PRD se manifestaron en altamar. Los militantes abordaron la lancha en la zona de Icacos, muy cerca de la Base Naval, a la que se dirigieron.

En la Ciudad de México se realizó una marcha del Ángel de la Independencia, donde al mediodía se concentró el contingente, al Zócalo capitalino hasta las 15:00 horas.

Los cientos de participantes vistieron de blanco y portaron pancartas contra el alza a los combustibles, el gobierno federal y el PRI y el PAN.

En San Nicolás Tolentino y la colonia Pensador Mexicano, jóvenes clausuraron sendas estaciones de servicio.

Otros manifestantes, en el Edomex, bloquearon ambos sentidos de la autopista México- Querétaro, a la altura de la comunidad de San Miguel Victoria, Jilotepec, Edomex, en los límites con Hidalgo y Querétaro. Los inconformes colocaron piedras, madera y otros objetos durante cuatro horas. En Twitter, Caminos y Puentes Federales confirmó el bloqueo.

Más protestas se dieron en Monterrey, Nuevo León, donde integrantes de Únete Pueblo quebraron piñatas de políticos; en Coatzacoalcos, Veracruz, taxistas bloquearon gasolinerías de familiares de directivos de Pemex, según acusaron; y en una carretera en Tepeji del Río, Hidalgo.

A este panorama se suman las denuncias por desabasto de combustible, lo cual fue reconocido en un comunicado por Pemex, aunque la empresa minimizó el impacto al informar anoche que sólo 86 estaciones contaban con bajos inventarios de Magna.

Adicionalmente, las tarifas de transporte público de pasajeros serán ajustadas, pero en Tabasco y Coahuila, en la práctica, ya entraron en vigor.

DESDE LAS REDES
La mayoría de las manifestaciones contra el gasolinazo fueron promovidas desde las redes sociales, las cuales siguen registrando convocatorias para estos días de enero.

Uno de los llamados más importantes que circula en WhatsApp, Twitter y Facebook es a bloquear el día de hoy las carreteras que conectan a la Ciudad de México —Toluca, Querétaro, Cuernavaca, Pachuca y Puebla—, algunas vías que conectan la frontera con Estados Unidos, sobre todo en Chihuahua, y algunas ciudades importantes.

En audios que circularon masivamente, en los que no se identifican ni convocantes, fechas ni lugares de las protestas, se habla de un “despertar” o de una “revolución”.

Las convocatorias a la desobediencia civil van más allá del internet. La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, por ejemplo, anunció ayer movilizaciones para el 6 de enero.

Con información de Evelyn Castro, Fernanda Navarro, Rolando Aguilar, Alma Gudiño, Aracely Garza, Lourdes López, Emmanuel Rincón, Marco Espinoza y Fernando Pérez Corona.

 

Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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