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Protestas logran meter pie al presupuesto; prevén sesión en sede alterna

Grupos inconformes con los recortes en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) lograron aplazar la discusión del tema en la Cámara de Diputados y comprometer aumentos para sus sectores.

Los líderes parlamentarios anunciaron el alza de casi siete mil millones de pesos al campo luego de que organizaciones mantuvieron su protesta afuera de San Lázaro. Esto obligó a que la sesión del pleno, pactada para mediodía de ayer, se aplazara a las 17:00 horas y al final se cancelara. Los coordinadores tuvieron que reunirse en sedes alternas para acordar el reparto de recursos del PEF 2019.

La Junta de Coordinación Política pactó que hoy a las 9:00 horas sesione la Comisión de Presupuesto para votar el dictamen y a mediodía pase al pleno para aprobarlo, de ser el caso. No obstante, Mario Delgado dijo que ambas sesiones podrían ser en sedes alternas si los campesinos mantienen su bloqueo al recinto legislativo.

Además, alcaldes perredistas marcharon hacia el aeropuerto capitalino y cerraron uno de los accesos, sobre Circuito Interior.

Tras una reunión con los inconformes, Delgado anunció 9% más recursos para estados y municipios.

Se destinarán 7 mil mdp para el campo; prevén aprobar hoy el presupuesto 2019.

Los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados anunciaron el aumento de casi siete mil millones de pesos en recursos para el campo, luego de que organizaciones campesinas continuaron la protesta afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, lo que obligó a los líderes de las bancadas a reunirse en sedes alternas para acordar el reparto de fondos del Presupuesto de Egresos (PEF) 2019.

La Junta de Coordinación Política, encabezada por Mario Delgado, pactó que hoy a las 9 de la mañana sesione la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para votar el dictamen del PEF y a mediodía se lleve a cabo la sesión del pleno de la Cámara para debatir el dictamen y aprobarlo.

“Va a ser una feliz Navidad para todos los mexicanos”, dijo Delgado, luego de reunirse con los coordinadores en un hotel de la ciudad .

Resaltó que las sesiones, tanto de la comisión como del pleno podrían ser en una sede alterna en caso de que las organizaciones campesinas continúen con el bloqueo al Palacio Legislativo.

El pleno de la Cámara estaba citado al mediodía, pero las manifestaciones obligaron a posponer la sesión para las 5 de la tarde y luego a pasarla para hoy a las 12:00 horas.

Antorcha Campesina dijo que los manifestantes no habían bloqueado los accesos, sino que las autoridades de la Cámara y elementos de la policía capitalina tomaron la determinación de impedir el paso, incluso a los diputados.

“(El PEF) tiene que salir este domingo, nos hemos fijado esa meta y al final de cuentas se trata de que los diputados ya se puedan ir, pero si el tema de la sede es complicado, la valoración va a ser alterna porque apenas se está en el diálogo. Si no se llega al diálogo, no se va a exponer a los diputados a que entren y luego no puedan salir como la vez pasada”, comentó anoche el coordinador del PRD, Ricardo Gallardo.

Cabe recordar que en 2013 los diputados sesionaron en el Centro Banamex para avalar la Ley General del Servicio Profesional Docente debido a los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

MÁS A ESTADOS

Por otro lado, luego de que alcaldes perredistas protestaron por el proyecto del PEF del próximo año Mario Delgado se reunió con los manifestantes, entre ellos el presidente nacional del PRD, Ángel Ávila.

“Hay un incremento de 9% en términos reales en el ramo de participaciones y aportaciones (…) Ahí les explicamos que va a haber mayores recursos para estados y municipios, es el mayor incremento que ha habido en los últimos 10 años en materia de participaciones y aportaciones federales para estados y municipios. Una petición que hicieron (los alcaldes) es flexibilizar las reglas de operación del Ramo 23, y puedan utilizar los recursos para atender urgencias”, dijo Delgado en entrevista.

“Prácticamente todas las demandas que tienen es atender temas como banquetas, alumbrado público, pavimentación; entonces se van a flexibilizar las reglas para que puedan atender estas demandas”.

“¿Por qué? Porque como todos sabemos, ya no va a haber ni un peso en el Ramo 23. O sea el Ramo 23 no se va a mover”, explicó.

El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Fernando Galindo, dijo por su parte que los priistas pidieron mayor transparencia para los programas que nacerán en esta administración federal.

“(Vemos) discrecionalidad en los nuevos programas. Queremos que todos los programas estén sujetos a reglas de operación, no que sean sujetos de lineamientos porque así cambia la característica del gasto público”, señaló el legislador.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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