Conecta con nosotros

Slider Principal

Proyecta INE reducir gastos y pedir más presupuesto para revocación

El Instituto Nacional Electoral (INE) proyecta solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una ampliación presupuestal para financiar el ejercicio de revocación de mandato por un monto de mil 738.9 millones de pesos. Como parte de un acuerdo que discutirá y eventualmente aprobará mañana, el acuerdo contempla además nuevos ahorros a su gasto operativo por 64.4 millones de pesos y una adecuación a diversas tareas del proceso que permitirán reducir costos por 524 millones de pesos.

Dicho acuerdo que se adoptará en respuesta a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le ordenó al INE continuar con la organización del proceso, implica, adecuaciones importantes en la organización del ejercicio. En principio, reducir la compra de insumos sanitarios para ahorrar 59.2 millones de pesos; eliminar el uso del papel seguridad en las papeletas, para bajar gastos en 6 millones de pesos y adecuar la capacitación de funcionarios de las mesas para obtener ahorros por 419 millones de pesos.

Según el organismo “derivado del esfuerzo institucional del INE, se tiene que, del presupuesto asignado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos 2022, el INE designó mil 503 millones de pesos, aprobados mediante ajustes presupuestales para el proceso; adiciona 64.46 millones de pesos de disponibilidades presupuestales subsecuentes y el ajuste en las actividades de la revocación de mandato por 524 millones de pesos.

“Este Instituto, ha logrado por sí solo alcanzar aproximadamente dos mil 91.46 millones de pesos, tanto de suficiencia presupuestaria como de eliminación de costos, de los tres mil 830.40 millones de pesos que fueron solicitados en el anteproyecto de presupuesto”, para organizar este ejercicio.

De igual forma, destaca que “aun con las adecuaciones presupuestales internas que ha llevado a cabo este Instituto, subsiste una insuficiencia presupuestal para organizar el procesoen los términos señalados por la Constitución y la ley, por lo que, en cumplimiento al acuerdo INE/CG1798/2021, tomando en cuenta la responsabilidad que le deriva a los demás entes del Estado que participan en la corresponsabilidad de la organización resulta indispensable solicitar a la brevedad a la SHCP la cantidad de mil 738 millones de pesos, a fin de que dote a este Instituto de los recursos faltantes que se requieren para hacer efectivo el derecho político de participación de la ciudadanía en el proceso”.

El documento que se discutirá establece que dada la complejidad de la organización del proceso se requiere obtener una respuesta de la SHCP antes del 31 de enero, a efecto realizar las adecuaciones para su realización.

Asimismo, el documento consigna que en consonancia con la sentencia del TEPJF para involucrar a otras instancias del estado, se han remitido oficios a la Comisión Federal de Electricidad a fin de que pueda facilitar en comodato plantas de emergencia en las diversas instalaciones del INE, sin que hasta ahora se haya obtenido respuesta.

El INE también remitió otra solicitud a Talleres Gráficos de la Nación a fin de que la impresión de las papeletas sea con cargo al presupuesto de esa instancia.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto