Conecta con nosotros

Slider Principal

Proyectan 25 sucursales más de Bancos del Bienestar en la entidad

El delegado de Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera, informó que el Gobierno de México autorizó la construcción de otras 25 sucursales del Banco de Bienestar en Chihuahua, que se sumarán a las 42 proyectadas de forma original. De esta forma, serán 67 en total.

«Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo económico, social, individual y familiar en Chihuahua, para que más habitantes puedan acceder a productos y servicios formales, ahorrar y recibir créditos, entre otros alcances», expresó.

Bancos de Bienestar garantizan un sistema seguro a los beneficiarios de programas sociales, por lo que sus apoyos llegan de manera directa, sin intermediarios y eliminando la posibilidad de algún desvío de los recursos, «de esta forma combatimos la corrupción», señaló el Delegado.

Juan Carlos Loera dijo que las 25 nuevas sucursales se sumarán a las 42 planeadas, por lo que se erigirán 67 en total en territorio chihuahuense de las 2 mil 700 proyectadas a nivel nacional, de acuerdo con la información que entregó al Delegado la coordinadora general de este programa en Chihuahua, Yadira Amaro.

En lo que va de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se han terminado 29 sucursales en Chihuahua, gracias a la voluntad de los diferentes gobiernos municipales y particulares que han donado los predios.

Las sucursales listas para su inauguración se localizan en Aquiles Serdán, Chihuahua, Santa Isabel, Gran Morelos, Soto Maynez, Saucillo, Guachochi, San Juanito (Bocoyna), Guadalupe y Calvo, Carichi, Guerrero, Madera, Temósachic, Tomochi (Guerrero), Matachi, Basaseachi (Ocampo), Ojinaga, Valle de Allende, Huejotitán, Hidalgo del Parral, Guadalupe, San Francisco del Oro, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Ignacio Zaragoza, Ahumada, Aldama, Jiménez y Gómez Farías.

El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es el encargado de la construcción de estos edificios que se levantan en terrenos donados de 20 metros cuadrados en un lapso de dos meses, y cuyo costo de construcción de cada uno es de alrededor de tres millones de pesos.

Asimismo, están por iniciar operaciones 17 sucursales más en la avenida Pinoncelli y la colonia Aztecas (Ciudad Juárez), Uruachi, Moris, Maguarachi, Bachiniva, Praxedis, San Rafael (Urique), Chihuahua (sucursal norte), Coyame, Delicias, Camargo, Norogachi (Guachochi), Nonoava, Bahuichivo (Urique), Urique (cabecera) y Ascensión.

Además, se analiza que 21 sucursales más se desarrollen en los municipios de Mariano Balleza, El Vergel (Balleza), Batopilas, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Chihuahua (colonia Anáuac), Chinipas, Atascaderos y Baborigame (Guadalupe y Calvo), Témoris (Guazapares), Satevo, Janos, Centro y Ex Hipódromo (Ciudad Juárez), Palomas (Ascensión), Benito Juárez (Buenaventura), El Tablón (Morelos), Morelos (cabecera), El Largo Maderal (Madera), Creel (Bocoyna) y Valle de Zaragoza.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto