Ahora sí. El final del controversial caso Alondra parece estar cada vez más cerca.
Esto luego de que este jueves se conociera el resultado de una prueba de ADN que confirmó que Alondra Díaz, de 13 años, es hija de Dorotea García.
«No hay margen de error, son los resultados de las pruebas genéticas», aseguró el fiscal del estado de Michoacán, José Martín Godoy, en declaraciones a medios locales.
La enredada y dramática trama de una madre mexicana residente en Estados Unidos que esperó ocho años para reencontrarse con su hija, sustraída por su padre en Texas en 2007, sólo necesita de un capítulo más.
Se espera que en las próximas horas la justicia mexicana otorgue el permiso para que García lleve a su hija a Houston.
Ambas deben esperar que la justicia «haga la declaratoria oficial sobre la restitución de la custodia», informa el diario El Universal.
La «falsa» Alondra
El caso había cobrado impacto mediático luego de que semanas atrás un fallo de la justicia mexicana diera vía libre a una confusión de proporciones.
Un fallo de la justicia mexicana dio pie a que una chica también llamada Alondra fuera llevada por error y a la fuerza a Estados Unidos.
Posibilitó que Interpol se llevara por la fuerza de México a Estados Unidos a una adolescente de la misma edad y mismo nombre.
Pero ella resultó ser la «falsa» Alondra, una chica llamada Alondra Luna.
Fue sacada a la fuerza de su escuela y llevada a Houston, donde después de unos días de y de los correspondientes exámenes de ADN, se determinó que no era la hija biológica de Dorotea García.
El reencuentro
Alondra Díaz fue entregada por su abuela el lunes a las autoridades mexicanas en Michoacán luego de que su padre, Reynaldo Díaz, accediera a devolverla.
El padre aceptó con la condición de que se levante la acusación que su expareja había presentado en Estados Unidos.
Un día después Alondra se reencontró con su madre en el juzgado.
Ya en la madrugada del miércoles, tras terminar las declaraciones, Dorotea García aseguró que había sido «genial, la mejor respuesta química instantánea».
«No se pudo evitar sentir el impulso de correr una en los brazos de la otra, pidiendo con los ojos la autorización de la juez, sin saber qué hacer», añadió.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.