Ahora sí. El final del controversial caso Alondra parece estar cada vez más cerca.
Esto luego de que este jueves se conociera el resultado de una prueba de ADN que confirmó que Alondra Díaz, de 13 años, es hija de Dorotea García.
«No hay margen de error, son los resultados de las pruebas genéticas», aseguró el fiscal del estado de Michoacán, José Martín Godoy, en declaraciones a medios locales.
La enredada y dramática trama de una madre mexicana residente en Estados Unidos que esperó ocho años para reencontrarse con su hija, sustraída por su padre en Texas en 2007, sólo necesita de un capítulo más.
Se espera que en las próximas horas la justicia mexicana otorgue el permiso para que García lleve a su hija a Houston.
Ambas deben esperar que la justicia «haga la declaratoria oficial sobre la restitución de la custodia», informa el diario El Universal.
La «falsa» Alondra
El caso había cobrado impacto mediático luego de que semanas atrás un fallo de la justicia mexicana diera vía libre a una confusión de proporciones.
Un fallo de la justicia mexicana dio pie a que una chica también llamada Alondra fuera llevada por error y a la fuerza a Estados Unidos.
Posibilitó que Interpol se llevara por la fuerza de México a Estados Unidos a una adolescente de la misma edad y mismo nombre.
Pero ella resultó ser la «falsa» Alondra, una chica llamada Alondra Luna.
Fue sacada a la fuerza de su escuela y llevada a Houston, donde después de unos días de y de los correspondientes exámenes de ADN, se determinó que no era la hija biológica de Dorotea García.
El reencuentro
Alondra Díaz fue entregada por su abuela el lunes a las autoridades mexicanas en Michoacán luego de que su padre, Reynaldo Díaz, accediera a devolverla.
El padre aceptó con la condición de que se levante la acusación que su expareja había presentado en Estados Unidos.
Un día después Alondra se reencontró con su madre en el juzgado.
Ya en la madrugada del miércoles, tras terminar las declaraciones, Dorotea García aseguró que había sido «genial, la mejor respuesta química instantánea».
«No se pudo evitar sentir el impulso de correr una en los brazos de la otra, pidiendo con los ojos la autorización de la juez, sin saber qué hacer», añadió.
Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.
De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.
Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.
El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.
El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.
El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.
La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.
Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.
El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.