El estado libre asociado de EE.UU. pagó sólo US$628.000 de los US$58 millones que debía desembolsar este lunes a acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP).
«Esta es una decisión que refleja las graves inquietudes acerca de la liquidez del estado libre asociado y el balance entre las obligaciones con nuestros acreedores, y las obligaciones con el pueblo de Puerto Rico, igualmente importantes para garantizar que se mantengan los servicios esenciales que el pueblo merece», señaló en un comunicado Melba Acosta Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Acosta Febo explicó que el pago no pudo hacerse debido a la falta de fondos asignados para el año fiscal en curso.
El default es un momento histórico para la «espiral mortal», término utilizado por el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla.
Restructuración
Puerto Rico atraviesa serias dificultades debido a una recesión alimentada poruna astronómica deuda que asciende a unos US$70.000 millones, monto que el gobernador considera que debe «ser restructurado».
El secretario de la Gobernación de Puerto Rico, Víctor Suárez, agregó a todo este oscuro panorama económico boricua que la isla no tiene programadas reuniones de negociación con los acreedores de la CFP a los que no se les pagó este lunes.
«El planteamiento es que nosotros tenemos que terminar el trabajo del Plan de Ajuste Fiscal y Económico a Largo Plazo para continuar los trabajos de renegociación de deuda de los distintos acreedores. Estamos bien activos trabajando en la realización de ese plan y esperamos tenerlo a fines de este mes», aseguró Suárez en rueda de prensa reseñada por el diario El Nuevo Día en San Juan.
«Los distintos acreedores se van a tratar de manera independiente y vamos a ver qué ocurre con cada uno», afirmó el secretario.
Según Suárez, la negociación «dependerá de la disponibilidad de los distintos acreedores a trabajar, según se vaya trabajando el plan de ajuste fiscal».
La economía puertorriqueña tiene un desempleo supera el 12%, lo que supone más del doble del que se registra en Estados Unidos.
Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.
Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.
En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.
Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.
Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.