El estado libre asociado de EE.UU. pagó sólo US$628.000 de los US$58 millones que debía desembolsar este lunes a acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP).
«Esta es una decisión que refleja las graves inquietudes acerca de la liquidez del estado libre asociado y el balance entre las obligaciones con nuestros acreedores, y las obligaciones con el pueblo de Puerto Rico, igualmente importantes para garantizar que se mantengan los servicios esenciales que el pueblo merece», señaló en un comunicado Melba Acosta Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Acosta Febo explicó que el pago no pudo hacerse debido a la falta de fondos asignados para el año fiscal en curso.
El default es un momento histórico para la «espiral mortal», término utilizado por el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla.
Restructuración
El gobernador Alejandro Padilla dijo que la crisis de la deuda es parte de la «espiral mortal» que enfrenta la economía de Puerto Rico.
Puerto Rico atraviesa serias dificultades debido a una recesión alimentada poruna astronómica deuda que asciende a unos US$70.000 millones, monto que el gobernador considera que debe «ser restructurado».
El secretario de la Gobernación de Puerto Rico, Víctor Suárez, agregó a todo este oscuro panorama económico boricua que la isla no tiene programadas reuniones de negociación con los acreedores de la CFP a los que no se les pagó este lunes.
«El planteamiento es que nosotros tenemos que terminar el trabajo del Plan de Ajuste Fiscal y Económico a Largo Plazo para continuar los trabajos de renegociación de deuda de los distintos acreedores. Estamos bien activos trabajando en la realización de ese plan y esperamos tenerlo a fines de este mes», aseguró Suárez en rueda de prensa reseñada por el diario El Nuevo Día en San Juan.
«Los distintos acreedores se van a tratar de manera independiente y vamos a ver qué ocurre con cada uno», afirmó el secretario.
Según Suárez, la negociación «dependerá de la disponibilidad de los distintos acreedores a trabajar, según se vaya trabajando el plan de ajuste fiscal».
La economía puertorriqueña tiene un desempleo supera el 12%, lo que supone más del doble del que se registra en Estados Unidos.
El desempleo en Puerto Rico es casi el doble del que se registra en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.