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México

Puñetazos y caos en la Comisión Permanente: choque entre Fernández Noroña y Alejandro Moreno

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La sesión de la Comisión Permanente de este miércoles terminó en escándalo luego de que una discusión política escalara hasta los golpes entre legisladores. El presidente del órgano legislativo, Gerardo Fernández Noroña, decidió clausurar abruptamente los trabajos, lo que desató la inconformidad del senador priista Alejandro Moreno Cárdenas.

El dirigente del PRI subió a la tribuna para encarar a Fernández Noroña y, en cuestión de segundos, la confrontación verbal derivó en una trifulca. Testigos relatan que no solo participaron ambos senadores, sino también otros legisladores y algunos asesores, lo que convirtió el recinto en un espacio de empujones y golpes que sorprendió a los presentes.

El episodio ocurrió al término de la sesión ordinaria en la que se había discutido la agenda política. Uno de los temas más tensos fue la reciente declaración de la senadora panista Lilly Téllez, quien en una entrevista planteó la posibilidad de que Estados Unidos intervenga militarmente en México para combatir al narcotráfico. La polémica generada por esas declaraciones marcó el tono ríspido de la reunión, que concluyó con violencia entre los propios integrantes del Congreso.

Aunque la sesión ya había sido levantada formalmente, la confrontación exhibió la falta de control en uno de los espacios más relevantes del Poder Legislativo. El incidente dejó en evidencia el clima de tensión que impera en la política nacional y abre un nuevo capítulo de confrontaciones personales entre líderes de distintas bancadas.

Hasta el cierre de esta edición, no se habían dado a conocer posicionamientos oficiales sobre posibles sanciones o medidas disciplinarias contra los involucrados. La información sigue en desarrollo.

México

Maduro se declara no culpable ante corte federal de Nueva York

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El exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció este lunes ante una corte federal en Manhattan, donde se declaró no culpable de múltiples cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos federales, tras su captura y traslado a Estados Unidos. La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, en la ciudad de Nueva York.

Durante la comparecencia, Maduro, de 63 años de edad, enfrentó acusaciones que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, lavado de dinero, así como posesión de ametralladoras y otros dispositivos, de acuerdo con la imputación leída por los fiscales federales. El exmandatario fue presentado ante el juez con las manos atadas y escoltado por agentes armados desde un centro de detención en Brooklyn. A la audiencia asistió también su esposa, Cilia Flores, quien igualmente enfrenta cargos dentro de la misma investigación.

En su declaración ante el tribunal, Maduro aseguró en español que no es culpable y se describió como un hombre decente, además de afirmar que continúa siendo el presidente de su país. Señaló que fue secuestrado en su domicilio en Caracas. Por su parte, Flores se declaró inocente de todos los señalamientos en su contra.

Los fiscales estadounidenses sostienen que Maduro habría encabezado durante años una red de tráfico de cocaína, con presuntos vínculos con organizaciones criminales como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el grupo conocido como el Tren de Aragua. El caso se originó en 2020, cuando se presentaron las primeras acusaciones, y posteriormente fue ampliado con nuevos cargos y señalados.

El juez Alvin Hellerstein fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Mientras tanto, tanto Maduro como Flores permanecerán recluidos en Nueva York.

La captura del exmandatario ocurrió el sábado, cuando fuerzas estadounidenses realizaron una operación en Caracas para trasladarlo a territorio estadounidense. El hecho generó reacciones internacionales y motivó un debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la legalidad y las consecuencias de la incursión.

Maduro ha rechazado de manera reiterada las acusaciones en su contra, las cuales ha atribuido a intereses políticos y económicos. Las autoridades estadounidenses mantienen el proceso judicial en curso conforme a los procedimientos federales.

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