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Qué es el impuesto mínimo global aprobado en el G20 y cómo afectará a México

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La cumbre de ministros de finanzas y banqueros de los países miembros del G20 logró avances este viernes en Venecia en el debate para imponer un impuesto a las multinacionales y acabar con los paraísos fiscales y el “dumping fiscal”.

Se trataría de establecer un impuesto mínimo global de al menos el 15% sobre los beneficios de las multinacionales, lo que podría cambiar radicalmente la arquitectura actual de la tributación internacional.

Los países del G20 adhirieron todos, el pasado 1 de julio, a la reforma tributaria bajo la égida de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), pero deben llegar también a sellar “un acuerdo político”.

Según un borrador obtenido por la AFP, los ministros de Finanzas del G20 deberán “aprobar” ese acuerdo “histórico” para una arquitectura tributaria internacional más estable y más justa.

Negociada desde hace años, la reforma se centra en dos pilares: fijar una tasa mínima global y crear un sistema orientado a distribuir los impuestos a las multinacionales de manera más justa, de acuerdo con las ganancias obtenidas en cada país, independientemente de su sede.

Tanto el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, como el de Argentina, Martín Guzmán, están a favor de una tasa mínima global superior del 15%.

“Pensamos que […] un impuesto global de al menos el 15% es un paso muy positivo, pero claro que más sería mejor”, declaró Guzmán.

El impuesto mínimo global afectaría a menos de 10,000 grandes empresas (Foto: Reuters/ Gustavo Graf Maldonado)El impuesto mínimo global afectaría a menos de 10,000 grandes empresas (Foto: Reuters/ Gustavo Graf Maldonado)

¿Cómo afectará el impuesto mínimo global?

El sistema planteado pretende reasignar parte del impuesto que pagan las multinacionales a los países “de mercado”, es decir, aquellos que no operan en el país sede. Además de la aplicación de un tipo mínimo del impuesto de sociedades de, al menos, el 15% a las empresas con una facturación como poco de USD 890 millones.

El impuesto mínimo global afectaría a menos de 10,000 grandes empresas, incluidas las que estén relacionadas con México.

Aunque países como Francia, Alemania, Argentina o Estados Unidos pidieron una tasa más alta, al final se dio a conocer que la tasa mínima efectiva sería del 15%. Esta generaría ingresos adicionales de 150,000 millones de dólares al año, según la OCDE y tiene la finalidad de evitar que las multinacionales y en especial la Gafa (acrónimo que designa a los gigantes Google, Amazon, Facebook y Apple), paguen impuestos irrisorios en relación a sus ingresos.

Arturo Herrera, actual secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo en un mensaje que la reunión del G20 fue “extremadamente exitosa, pues el punto más importante que era la aprobación del impuesto mínimo global llegamos a un acuerdo realmente de carácter histórico que va garantizar disminuir al mínimo la evasión fiscal, sobre todo entre las grandes empresas”.

El secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo)
El secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Además, el funcionario mexicano recalcó que se trató el tema de la recuperación de la pandemia y el rol que juegan actualmente las vacunas al respecto. “Todos concluimos que francamente ya estamos en una etapa de recuperación, pero también tuvimos que aceptar que es una recuperación asimétrica donde hay países con acceso muy limitado a las vacunas”.

Finalmente, recalcó los temas de cambio climático y los derechos especiales de giro, es decir, la reservas que tienen los países en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Explicó que existen dos posturas, la primera en la que solo los países con ingresos muy bajos deben tener acceso al fondo y otra que dice que todos los países deben tener acceso a ese recurso.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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