Opinión
¿Qué p*do con la peda? Por José Luis Font

José Luis Font
No sé si es cosa de que tenga yo puroamigo alcoholicazo o el del problemita sea yo, pero lo primero que me preguntan invariablemente es acerca de la peda en Qatar. Casi nunca me preguntan sobre los 5 museos súper chingones que hay en Qatar o de las decenas de galerías con exposiciones permanentes y temporales de artistas de la talla de Jeff Koons o del montón de actividades al aire libre que hay como acampar y jorrotear Jeeps en el desierto, bucear, kitesurfear, ir a las carreras de camellos y demás.
Caleb Ordoñez
Sin duda, es una nación joven, es un país compacto y “faltarán” algunas cosas que en otras grandes ciudadeshabrá, pero me permito corroborarles que el pedo no es y noserá un problema para los que vengan hoy de visita o a final de año para el Mundial.
Hay que entender que, para el islam,consumir alcohol es considerado haraam (prohibido), pero como en la gran mayoría de países musulmanesy más aún en un país como Qatar con una comunidad expatriada, diversa y multicultural, el alcohol es tolerado y permitido. Tampoco es como estar en la Feria de Aguascalientes echándose unas “kawasakis” en la banqueta afuera del Modelorama o como un martes casual de Octokerbest en Múnich, pero hay sitios con licencia de sobra y variados para echarse unos tragos y pasarla a toda madre.
Tuve la oportunidad de visitar Qatar un par de veces antes de mudarme ypre-Covid y en los 10-15 días que estuve por aquí en cada vuelta no me faltaron lugares a donde ir, DJ’s que escuchar ni antros donde sacarle chispas a mis zapatillas recién lustradas de tacón cubano. Nisiquiera fue motivo de preocupacióno de una meticulosa planeación paraencontrar lugares que sirvieran unos buenos Negronis, simplemente existen algunas diferencias con otras partes del mundo a las que no estamos acostumbrados. Efectivamente, no hay lugares a pie de calle o tiendas en cada esquina que sirvan alcohol, pero tampoco es el mayor de los problemas porque el país y los centros te entretenimientoestán adaptados y hechos para que en es ese respeto mutuo entre la religión y la gente que viene de fueraque sí quiere consumir, lo hagan donde lo tengan que hacer y tan tan,todos felices y contentos.
Comprar alcohol para la casa no se puede hacer en cualquier supermercado o en vinaterías; hay una sola tienda importadora que controla y regula la venta de alcohol para restaurantes y residentes y hay que sacar una “licencia” para poder ingresar y comprar alcohol. Para ir acomprar, aquí sí hay que hacer algo de planes porque la tienda no está en el centro de la ciudad, hay que sacar cita y está topado la cantidad que te puedes gastar en alcohol que va de la mano de tu sueldo. Es decir, no puedes irte a chingar todo tu sueldo del mes en puro chupe, pero aún con ese límite, está sobrada la cosa; yo nunca he llegado cercano al tope y vaya que le abro a la llave cuando voy a ese Disneylandia llamado QDC (Qatar Distribution Company). Entrar a QDC y ver los anaqueles llenos de nuestros destilados favoritos es como un oasis en el desierto.
Los debates con muchos de mis amigos acerca de este tema se centran en gran medida si está bien o no; es lo que es y ya, no hay que hacerla tanto de pedo por el pedo como si de verdad no hubiera. Y trato de relacionarlo con cosas que quizá a otras personas de otras culturas o religiones les pudieran parecer rarísimas cómo la “regla” deno comer carne los viernes de cuaresma pero si meterte todos los camarones, ostiones, ceviches que tu cuerpo pueda y ponerte hasta tu madre desde las 2 de la tarde… qué, dicho sea de paso, la neta si extraño un viernecito así.
El caso es que es una cosa de desconocimiento a lo que no estamos acostumbrados lo que nos saca de onda y me da gusto, en la medida de mis posibilidades y en mipequeño círculo de influencia, tratarde reportar objetivamente y poner las cosas en su debida proporción para que la gente que vaya a venir, lohaga con toda tranquilidad e ilusión y sepan que se la van a pasar muy bien y que no es un país o región tandiferente a los que conocemos o de dónde venimos y que, sin duda, disfrutarán muchísimo su paso por aquí.
A mí en lo personal, me pega mucho más que me limiten productos de cerdo porque no encuentro nada más placentero que comer un chingo de tocino y meterle a las carnitas en cualquiera de sus variadas presentaciones; como también el cerdo es considerado haraam en el islam aquí solamente las puedo encontrar, también, en el QDC, pero nada me va a pasar por bajarle un poco a mi consumo porcino que tan golpeado tenía a mis triglicéridos, colesterol, cintura y papada.
Se despide de ustedes un Joselito que orgullosamente regresó, desde hace algunos meses, a su tan
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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