Recientemente, un grupo de miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la institución que establece políticas públicas en cuanto a ciencia, tecnología e innovación, fueron acusados ante la Fiscalía General de la República por la propia dirección del Conacyt por distintos delitos. Después de que se negara el giro de la orden de aprehensión, la FGR informó que dicha orden se volvería a girar, argumentando falta de criterio por parte del juez.
Al respecto, el presidente López Obrador tocó en su conferencia matutina el tema de esta “élite intelectual”, tal como se refirió al grupo de 30 miembros del Conacyt. Además dio a conocer que María Elena Álvarez-Buylla, directora de la institución, envió un informe al respecto, mismo que consta de dos documentos en los que especificó cuál es la situación con este grupo de científicos e investigadores.
La directora de la institución, envió un informe al respecto, mismo que consta de dos documentos en los que especificó cuál es la situación con este grupo de científicos e investigadores. (Foto: Twitter/HLGatell)
Según refirió en su informe Álvarez-Buylla, se trata de investigadores que formaron una especie de asociación civil y recibían un prespuesto fijo por parte del Conacyt. El presidente López Obrador leyó las cifras que tal documento desglosó en cuanto a los gastos para realizar investigación científica y tecnológica que este grupo reportaba, y son las siguientes:
Cien millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones de pesos para cubrir los gastos de operación, entre los que se incluían: choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo, viajes al extranjero y un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán.
Ante ello el titular del Ejecutivo cuestionó con ironía “en Coyoacán…¿por qué no en Iztapalapa?” y acusó que dichos recursos no fueron justificados por el Conacyt. Por otra parte, el presidente señaló que fue dicha organización civil conformada por los 30 científicos, la que emitió el dictamen en 2007 que sirvió para justificar las omisiones de las autoridades federales respecto a la recuperación de los cuerpos de los mineros en Pasta de Conchos.
Dicho grupo de científicos, acusó AMLO, emitió el dictamen en 2007 que sirvió para justificar las omisiones de las autoridades federales respecto a la recuperación de los cuerpos de los mineros en Pasta de Conchos. REUTERS/Bernardo Montoya
López Obrador aseguró que dicho grupo era predilecto del régimen anterior, de los regímenes neoliberales que ocasionaron un “proceso de degradación progresiva” en varios ámbitos durante 36 años, e incluso lo comparó con los daños que el porfiriato ocasionó en 34 años.
“¿Vamos a cubrir a las élites ya sea de la ciencia, de la intelectualidad, élites económicas o aplicamos el combate (a la corrupción) parejo?” cuestionó el mandatario hacia la población. “Que se investigue y si hay corrupción que se castigue, por qué nada más se va a castigar a los pobres, a los que no tienen cómo comprar su inocencia…” sentenció el tabasqueño. Además, recordó que “al margen de la ley nada, ni nadie, sean amigos, sean colegas”, y procedió a leer un tweet con un mensaje ofensivo hacia él y hacia su cónyuge, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, presuntamente escrito por un miembro de este grupo de científicos.
El presidente López Obrador aseguró que no es lo mismo un grado académico que tener cultura.
Tras leer la serie de insultos y vulgaridades que el supuesto investigador habría escrito en Twitter, el mandatario aseguró “Una cosa es la educación y otra la cultura, los grados académicos no son sinónimos de cultura. Se pueden obtener altos grados académicos y no tener sensibilidad…” finalmente el mandatario aseguró que tanto él como su pareja siempre han salido ilesos de la calumnia, por lo que su conciencia está tranquila e invitó a la sociedad civil a que entre todos “analicemos el grado de descomposición civil al que nos llevó la política del pillaje, de la corrupción” y destacó que por ello es necesario un nuevo enfoque de pensamiento para las nuevas generaciones.
El Gobierno de México y Estados Unidos fortalecieron su cooperación para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, tras varias semanas de negociaciones, y acordaron iniciar entregas de agua a partir del 15 de diciembre, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.
Ambos países coincidieron en la importancia de cumplir con las obligaciones establecidas en el Tratado de Aguas de 1944, instrumento que regula la distribución del recurso hídrico y la administración de aguas compartidas entre las dos naciones. Como parte del acuerdo, México liberará un volumen de 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, conforme a los términos del tratado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que las entregas se realizarán dentro del marco legal vigente, respetando la disponibilidad hidrológica y los límites operativos establecidos, sin afectar el suministro de agua para consumo humano ni la producción agrícola en la región fronteriza.
El entendimiento se consolidó después de que el 8 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara a México el adeudo de agua correspondiente y advirtiera sobre la imposición de aranceles de 5 por ciento en caso de incumplimiento. Un día después, el 9 de diciembre, se llevó a cabo de manera virtual la quinta reunión binacional del año para dar seguimiento a las entregas y evaluar la situación técnica.
En dicho encuentro participaron funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos. Por parte de México asistieron el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales. Por Estados Unidos participaron la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau.
El Tratado de Aguas de 1944 no solo contempla la entrega de agua, sino también la generación de energía eléctrica, el control de avenidas, obras de saneamiento del río Tijuana y la operación de las presas internacionales Falcón y La Amistad. Ambos gobiernos señalaron que han trabajado de manera coordinada para atender el ciclo actual y cubrir el déficit del ciclo anterior, conforme a lo establecido en el Artículo 4 del acuerdo.
Las autoridades destacaron la necesidad de mantener el diálogo técnico a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la International Boundary and Water Commission, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y la protección de la población y la agricultura frente a la sequía histórica. Con este acuerdo, México reiteró su compromiso con los tratados internacionales y la cooperación bilateral en materia de agua.