Opinión

Que serte no sea odiarte. Por Itali Heide

Itali Heide

¿Cuándo se volvió vergonzoso tener un cuerpo? A medida que se acerca el verano, la ansiedad corporal puede convertirse rápidamente en un problema después de un invierno lleno de suéteres calientes y capa tras capa. Las imágenes en vallas publicitarias, en revistas, anuncios y redes sociales parecen indicar una triste verdad: se espera perfección de nosotros. Evidentemente, las más afectadas por estas expectativas descabelladas son las mujeres y las niñas, quienes viven una extraña época entre el empoderamiento femenino y corazón latiente de la sexualización que sigue controlando nuestras expectativas físicas.

Hoy en día, la sexualización juega más disimuladamente. Mientras las generaciones más jóvenes se esfuerzan por lograr una cultura más inclusiva, siguen encontrándose con la abrumadora compulsión de fijarse en su imagen corporal. Los estándares inalcanzables de belleza son impulsados por una industria multimillonaria, que abarca el maquillaje, el cuidado de la piel y el cabello, el perfume, la cirugía estética, los gimnasios, la cultura de la dieta y la moda. La industria de la belleza nos presenta publicidad que utiliza sus recursos, su alcance y capacidad para manipular a la sociedad, haciendo algo que es frecuente: confundiendo la identificación de un problema con su solución.

Las empresas no son tontas, y al final del día, su objetivo principal es vender. El consumo sin límites y el amor propio suelen ser mutuamente exclusivos, haciendo que los modernos esquemas de marketing de la industria de la belleza tengan que encontrar formas más furtivas de hacer que la compra parezca un acto de amor propio. Se viste del supuesto <empoderamiento>, empaquetando los mismos rostros y cuerpos retocados y photoshopeados un 10% menos, con el pretexto de ser <body positive> para ganarse la simpatía de la clientela. No se trata solamente de la normalización de los cuerpos reales con celulitis, rollitos, estrías, manchas o granos: se trata de pasar a la acción para validar todos los cuerpos. El empoderamiento femenino en el mercado ha pasado de ser una herramienta importante para la deconstrucción del patriarcado, a ser un elemento que la cultura de consumo utiliza para vender más. La autoestima de las niñas ha surgido en las últimas generaciones como un elemento vital del mercado, convirtiéndola en un producto postfeminista que promete que el amor propio nace a partir de la adquisición de productos.

Hoy en día, algunas empresas están empezando a darse cuenta de la importancia de su papel en la cuestión de la normalización y la validación de todos los cuerpos. Una que otra está abrazando el inevitable y necesario cambio, mientras que otras siguen intentando luchar contra él. Independientemente de la autenticidad de las tácticas de marketing a través del movimiento de positividad corporal, hay que dejar espacio para aplaudir a las empresas que realmente buscan el cambio. Pocos y distantes, pero no inexistentes. Las primeras semillas hacia el cambio se han plantado en esta generación, y corresponde a los jóvenes asegurarse de que esperan verdaderos valores de los lugares en los que compran, y quizás incluso, que consuman menos y disfruten más de la vida.

Nos hemos convertido en la sociedad que compra para sobrevivir, en lugar de sobrevivir comprando. Y, sin exageraciones, hemos olvidado la lección más importante de todas: te veas como te veas, estás en lo correcto. No hay una forma incorrecta de existir, y los estándares imposibles que intentan correlacionar salud e imagen corporal son todos mentira. Absolutamente todas las personas tenemos un aspecto diferente, y eso no debería avergonzarnos. La altura, el peso, el color de los ojos, la textura del pelo, el color de la piel y la forma del cuerpo son las cosas menos interesantes de nosotros, y si nos hacemos cargo y tomamos mejores decisiones de consumo, podemos cambiar la forma en que el mercado juega con nuestro sustento, sin dejar espacio para la felicidad sin odiarnos a nosotros mismos en el proceso.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.