Las sirenas policiales y el zumbido de los helicópteros han sido la banda sonora de Chilpancingo en las últimas horas desde que el sábado se desencadenara la enésima crisis violenta que sacude a la capital de Guerrero, donde las bandas criminales tratan de ganar poder sembrando el caos y el terror entre la población. Calles desiertas, escuelas y universidad cerradas, comercios que se protegían bajando la persiana metálica y transporte público interrumpido es el escenario después de la batalla que el fin de semana dejó seis choferes muertos y varios heridos. Los violentos incendiaron los vehículos y dos de los conductores murieron entre las llamas. Esta última tensión callejera tiene su origen visible en la aparición el pasado 24 de junio de siete cuerpos despedazados en una céntrica plaza de la ciudad y un mensaje a la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández, a quien el narco pide una reunión, un “segundo desayuno”, en palabras criminales estampadas en las paredes. Lo del segundo desayuno se entendió bien días más tarde, cuando un video mostraba a la alcaldesa dando la mano al supuesto líder de los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
La violencia tiene cuatro marcas conocidas, los Ardillos y la Nueva Familia Michoacana, Los Tlacos y los Jaliacos, bandas que se disputan no solo el narcotráfico y el menudeo de drogas, sino otros negocios y el poder político. Los especialistas sostienen que los criminales se han acostumbrado a gobernar la zona mano a mano con los dirigentes locales de diversos municipios, una situación heredada de antiguos gobiernos estatales, cuando la paz en las calles se lograba a base de pactos con las narcobandas. Experto en seguridad, Eduardo Guerrero publica en El Financiero que los alcaldes de los municipios pequeños y grandes están sometidos por las amenazas hasta el punto de que los violentos deciden quién puede o no concurrir a las elecciones en cada lugar. Resistirse puede ser comprensible y valiente, pero no hace más que poner a los políticos frente al cañón de la pistola. Sostiene Guerrero que la alcaldesa Norma Otilia Hernández está en peligro.
Norma Otilia Hernández habla frente a la prensa este 10 de julio.Dassaev Téllez Adame (Cuartoscuro)
Entre los vecinos de la capital guerrerense se extendieron rumores de que la dirigente había abandonado el Estado. Pero por parte de la presidenta trascendió un comunicado a los suyos en los que les pedía unión y fortaleza para afrontar esta nueva crisis. En conferencia de prensa achacó los altercados a “fuerzas oscuras y perversas” y aseguró que no renunciará a su cargo. Aunque no reveló quién era la persona con la que aparece en el citado video, supuestamente en 2021, aseguró que no ha pactado con el narco. “Diálogo no es pacto”, fueron sus palabras, recogidas por medios locales.
Enfrentados con los Ardillos por el territorio, los Tlacos cuentan con la complicidad de taxistas para controlar las entradas a la capital y esa es la razón de que esta última contienda se haya saldado con la muerte de varios de ellos. Miles de manifestantes llegados de Quechultenango, Mochitlán, Juan R. Escudero y del propio Chilpancingo pusieron en jaque este lunes a las autoridades estatales, utilizando como ariete un vehículo blindado con el que rompieron el muro policial que protegía el recinto del Poder Ejecutivo. Las pocas declaraciones que hicieron a los periodistas locales revelan que buscaban la liberación de dos jefes de transportistas detenidos por la Fiscalía. Se confirmaba a través de un comunicado de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, integrada por la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y los diferentes : “Las detenciones que originaron la protesta de pobladores de diversas comunidades de la zona Centro, son del orden federal y no estatal, sin embargo, existe una coordinación permanente entre las instituciones de procuración de justicia, por lo que se reitera el llamado al diálogo para resolver sus peticiones bajo la vía legal”.
En el tumulto, los manifestantes llegados de municipios del llamado Circuito Río Azul apresaron a varios policías y guardias nacionales y los subieron en vehículos privados sin que por ahora se conozca su paradero.
A pesar de la grave crisis de inseguridad ciudadana y el pavor que han causado estas últimas jornadas de violencia, la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado, recurrió este lunes al Twitter para informar a sus vecinos de que su secretario general de Gobierno, Ludwig Reinoso, se había reunido con los manifestantes para “transitar hacia la ruta del entendimiento y los acuerdos, dentro del marco de la legalidad”, una línea muy estrecha en ciudades como Chilpancingo, donde los gobiernos y la delincuencia a veces conviven en ámbitos difusos. Salgado también informó por las redes sociales de que están en comunicación con las Secretarías federales de Gobernación y Seguridad Pública.
Hace tiempo que el narco salió de sus rutas habituales, es decir, la droga, el secuestro y la trata de personas, para internarse en otros negocios que también dejan dinero. El año pasado por estas mismas fechas, la capital de Guerrero vivió la guerra del pollo, que dejó a Chilpancingo desprovista de este alimento después de que asesinaran a varios comerciantes, distribuidores y granjeros. Es complejo saber si detrás de aquella crisis se ocultaba la extorsión, es decir, el pago del piso de los comerciantes, o la distribución y su guerra contra otros transportistas o bien la imposición de los proveedores que cada grupo considera. Aquello costó varias muertes, incluida la de una niña de 12 años. ¿Detenidos? Ese es otro capítulo. Un
Los enfrentamientos entre los Ardillos y los Tlacos, con los Jaliacos por medio atizando el fuego, dejan cada tanto la inequívoca sensación entre los guerrerenses del mar y la montaña, pasando por la capital, de que las fuerzas del orden están muy lejos de poder controlar esta maraña delincuencial y sangrienta donde se enredan queriendo o sin querer los políticos de las zonas más calientes del Estado. Las nuevas formas de comunicación, videos y audios, sirven también ahora para desquiciar a la población. En los celulares de los vecinos de Chilpancingo circulaba este lunes un audio en el que alguien advertía de que la Familia Michoacana ya había venido a controlar el caos en la ciudad, es decir, a ayudar a los Ardillos: “La Familia Michoacana ya les cayó a los Tlacos, tengan mucho cuidado porque el mercado ya está lleno de sicarios de la Familia Michoacana, ya están balaceando, también en el Oxxo de la San Juan, ya van a empezar a bombardear a estos chavos. Son los que nos van a ayudar a salir de este problema, ya están aquí en Chilpancingo”. No había nada de eso, al parecer, pero el terror se instaló de oreja en oreja por toda la población. En la capital guerrerense el miedo no da tregua y las Administraciones se ven desbordadas para atajar el caos que se desata de tarde en tarde.
Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso
Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».
Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.
Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».
En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.
En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.
Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.
«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.
«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».
El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.
«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.
Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».
En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.
También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.
La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.
«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.