«Hago responsable a Carlos Olson San Vicente, a Carlos Esparza Zamarripa, a Inés Martínez, a la Fiscalía Anticorrupción y, en general, al gobierno del estado de lo que pudiera ocurrirle a Pablo Canaán, a su familia o a su servidora, a mi familia y a todo mi equipo de trabajo”.
Además, agregó que se encuentra azorada de la malicia y el grado de perversión que tienen sus perseguidores, al llevar a cabo tal afán en una persecución que es exclusivamente de índole político.
Previo a mostrar la evidencia, la alcaldesa recordó las acusaciones que se han hecho en su contra durante los procesos electorales de 2016 y 2018, así como el señalamiento directo del gobernador en su contra durante el mes de julio.
“La semana pasada un diario nacional, Excélsior, comentó sobre el amparo que promoví, solicitud que sigue su curso en la justicia federal. Pero hoy quiero compartir con ustedes claramente lo que está alrededor de ese amparo y exponer la persecución que se ha desatado en contra de una servidora, disfrazada de proceso jurídico”, explicó la funcionaria previa a mostrar las evidencias del proceso que está llevando la Fiscalía Anticorrupción.
Esto se desarrolla desde 2016, cuando inició la investigación en su contra, dentro del periodo electoral para la alcaldía por Chihuahua, y en 2018 Alejandro Domínguez presentó una denuncia en su contra, misma que fue calificada como “sin sustentos” por el acusante.
“Ustedes recordarán cómo el mismo gobernador Corral, el 15 de julio, públicamente me señaló con acusaciones y dichos, sin prueba alguna, pasando por encima de la más fundamental presunción de inocencia y violación al debido proceso.
“Y es que hacerlo así está de moda. Como lo hacen ahora acusando periodistas y empresarios, sin pruebas; aquí el gobernador eligió formalizar su industria de la difamación, usando su posición como jefe del Ejecutivo para calumniar y estigmatizar sin pruebas ni evidencias a quienes personalmente odia o le parecemos incómodos”.
Agregó que el Ejecutivo está buscando cómo “construir” delitos en su contra, al revisar sus compras, sus tarjetas, sus gastos, en los viajes que realiza, los documentos y demás actividades que realiza la alcaldesa.
“Y digo esto porque yo sí tengo las pruebas de esta persecución personal y política, a la que parece que le dedican más recursos y entusiasmo que al problema del Covid, la seguridad o la economía de los chihuahuenses, esas no son sus prioridades”.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, condenó el asesinato de una lideresa del sector ganadero en Chihuahua y exigió que el crimen no quede impune. A través de sus declaraciones, el también senador señaló que se trata de un hecho grave que refleja la situación de violencia que persiste en distintas regiones del país.
Moreno expresó su solidaridad con la familia de la víctima y con la comunidad ganadera, destacando que este tipo de ataques no solo afectan a una persona, sino a todo un sector productivo clave para la economía local. Subrayó que los productores viven bajo presión constante debido a la inseguridad.
El líder priista hizo un llamado directo a las autoridades estatales y federales para que actúen de manera coordinada y den resultados concretos en la investigación. Insistió en que la justicia debe ser pronta y transparente, evitando que el caso se diluya con el paso del tiempo.
Además, advirtió que la violencia contra líderes sociales y productivos genera un clima de incertidumbre que inhibe la inversión y el desarrollo en regiones como Chihuahua, donde la actividad ganadera tiene un peso relevante.
El asesinato ha generado indignación en distintos sectores, que coinciden en la necesidad de reforzar la seguridad en zonas rurales y proteger a quienes participan en actividades productivas. Mientras tanto, la exigencia principal se mantiene clara: esclarecer los hechos, castigar a los responsables y garantizar que situaciones como esta no se repitan.
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