«Hago responsable a Carlos Olson San Vicente, a Carlos Esparza Zamarripa, a Inés Martínez, a la Fiscalía Anticorrupción y, en general, al gobierno del estado de lo que pudiera ocurrirle a Pablo Canaán, a su familia o a su servidora, a mi familia y a todo mi equipo de trabajo”.
Además, agregó que se encuentra azorada de la malicia y el grado de perversión que tienen sus perseguidores, al llevar a cabo tal afán en una persecución que es exclusivamente de índole político.
Previo a mostrar la evidencia, la alcaldesa recordó las acusaciones que se han hecho en su contra durante los procesos electorales de 2016 y 2018, así como el señalamiento directo del gobernador en su contra durante el mes de julio.
“La semana pasada un diario nacional, Excélsior, comentó sobre el amparo que promoví, solicitud que sigue su curso en la justicia federal. Pero hoy quiero compartir con ustedes claramente lo que está alrededor de ese amparo y exponer la persecución que se ha desatado en contra de una servidora, disfrazada de proceso jurídico”, explicó la funcionaria previa a mostrar las evidencias del proceso que está llevando la Fiscalía Anticorrupción.
Esto se desarrolla desde 2016, cuando inició la investigación en su contra, dentro del periodo electoral para la alcaldía por Chihuahua, y en 2018 Alejandro Domínguez presentó una denuncia en su contra, misma que fue calificada como “sin sustentos” por el acusante.
“Ustedes recordarán cómo el mismo gobernador Corral, el 15 de julio, públicamente me señaló con acusaciones y dichos, sin prueba alguna, pasando por encima de la más fundamental presunción de inocencia y violación al debido proceso.
“Y es que hacerlo así está de moda. Como lo hacen ahora acusando periodistas y empresarios, sin pruebas; aquí el gobernador eligió formalizar su industria de la difamación, usando su posición como jefe del Ejecutivo para calumniar y estigmatizar sin pruebas ni evidencias a quienes personalmente odia o le parecemos incómodos”.
Agregó que el Ejecutivo está buscando cómo “construir” delitos en su contra, al revisar sus compras, sus tarjetas, sus gastos, en los viajes que realiza, los documentos y demás actividades que realiza la alcaldesa.
“Y digo esto porque yo sí tengo las pruebas de esta persecución personal y política, a la que parece que le dedican más recursos y entusiasmo que al problema del Covid, la seguridad o la economía de los chihuahuenses, esas no son sus prioridades”.
La gobernadora Maru Campos encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, en la que autoridades revisaron los avances en materia de atención integral a víctimas, protección a mujeres y estrategias de prevención del delito.
Durante la sesión, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentó un reporte sobre la incidencia de delitos, y los avances que tiene en las acciones de prevención e investigación.
Informó que al momento hay 250 generadores de violencia que cumplen con una condena, se ha atendido a 3 mil 679 mujeres con 30 mil servicios en materia psicológica y jurídica. Por su parte, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres brindó 8 mil 630 servicios.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer resultados de las intervenciones realizadas en la comunidad de Yoquivo, municipio de Ocampo, donde diversas dependencias estatales llevaron a cabo acciones de atención comunitaria, prevención del delito y búsqueda de personas.
También se brindaron servicios médicos, orientación jurídica, atención a víctimas, entrega de apoyos y actividades de sensibilización para promover la denuncia y el ejercicio de los derechos de la población.
Se efectuaron recorridos preventivos en caminos y comunidades de la región, para fortalecer la presencia institucional y mantener el monitoreo en zonas que registraron hechos relacionados con el delito de trata de personas.
La intervención fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda y Desaparición Forzada, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Secretaría de Salud.
De acuerdo con el informe, la comunidad expresó estabilidad en el tema de seguridad y manifestó su deseo de que haya más intervenciones conjuntas.
En la asamblea estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y en representación de la Fiscalía General de la Republica, Andrea Guzmán.
También asistió el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.
Participó además, Ana Murga, encargada de despacho de la FEM; Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de atención a víctimas.