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México

Queda prohibida la venta de televisores analógos en el país

A partir de hoy queda prohibida la venta de televisiones analógicas en el país, de acuerdo con la entrada en vigor de la NOM 192.

A partir de hoy queda prohibida la venta de televisiones analógicas en el país, de acuerdo con la entrada en vigor de la NOM 192.

Aunque la norma inició el 13 de diciembre, se estableció un plazo de 30 días naturales para que las televisiones analógicas inventariadas siguieran siendo comercializadas.

Los únicos televisores que se pueden vender en el país son los que sean compatibles con el estándar A/72 de ATSC, que permite que las pantallas reciban señales digitales, esto debido a que México se encuentra en el proceso de transición hacia la Televisión Digital Terrestre (TDT) que terminará el 31 de diciembre de 2015, según lo estipula la Constitución.

Aunque las tiendas departamentales y de autoservicio han dejado de vender televisiones analógicas, según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), 69% de los hogares en el país aún cuentan con televisiones analógicas, por lo que no podrán recibir la señal digital cuando se migre hacia este nuevo esquema.

Guillermo Pérez Bolde, experto en tecnología, comentó que quedará un segmento de la población sin acceso a televisión digital debido a que hay niveles socioeconómicos que no podrán migrar; sin embargo, será un gran avance en materia de digitalización del servicio.

“Habrá un segmento de la población que se quedará marginado, pero me parece que va a ser mínimo porque este aviso, sobre la salida de estas televisiones y sobre el ‘apagón’ analógico, se viene manejando desde hace varios meses”, dijo.

Los fabricantes y creadores de las pantallas de televisión han hecho esfuerzos importantes, pues en México no se generan televisiones analógicas, las que existían eran de importación, lo cual ha sido prohibido con la entrada de esta norma.

Otro efecto que tendrá la salida del mercado de los televisores analógicos es la optimización de recursos para el Estado, dijo Pérez.

“Reduce recursos al Estado y optimiza esfuerzos porque es mucho más fácil distribuir contenidos de manera digital y hacerlos llegar que hacerlo de manera analógica», aseguró el experto. Además, el país se sumará al proceso que se lleva a cabo en el resto del mundo, expresó.001_televisor_analogo

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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