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México

Queman Palacio Municipal de Tamiahua, Veracruz

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La noche de este lunes habitantes del municipio de Tamiahua, Veracruz, quemaron instalaciones del Palacio Municipal. También incendiaron otras instancias que forman parte de la administración como el DIF y la comandancia de policía, además de un vehículo de la misma corporación.

La comunidad reaccionó así por la presunta agresión al joven Jalid García al parecer por elementos de la policía municipal, quienes lo habrían aprehendido y, en un abuso de la fuerza pública, quitado la vida.

Durante la madrugada se vivieron momentos de intensa tensión entre los habitantes de la cabecera municipal de Tamiahua, que se encuentra a unos cuantos kilómetros del puerto de Tuxpan.

La situación motivó la presencia de elementos de seguridad del estado, quienes acudieron para reguardar el orden y la seguridad de la población civil. Durante este martes la situación se mantiene en calma, aunque no se ha descartado que haya manifestaciones en contra de la administración municipal.

El alcalde, Martín Cristóbal Cruz, tuvo que ser sacado de esta manifestación que se dio por parte de los habitantes en contra del actuar de la policía municipal. Se estaba dando el diálogo con el alcalde, cuando los manifestantes agredieron a la autoridad municipal y fue necesaria la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado para poder resguardarlo.

A través de las redes sociales, el alcalde de Tamiahua y su esposa, Nayeli Mata, lamentaron estos hechos y afirmaron que en todo momento han estado a favor de la justicia.

Las autoridades estatales han señalado que los hechos ocurridos en Tamiahua, al norte del estado, serán sujetos de investigación y se determinarán las responsabilidades correspondientes.

Radio Fórmula

México

México y EU bloquean red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se reforzaron las acciones contra una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, según un comunicado emitido el 19 de febrero.

Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 24 personas por su supuesta participación en el esquema. De ellas, cinco son personas físicas y 19 personas morales que habrían operado mediante fraudes relacionados con servicios turísticos y que tendrían posibles nexos con la organización criminal.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas en México. Se trata de seis individuos y una entidad identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante las investigaciones financieras.

Las acciones del Departamento del Tesoro forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos. De acuerdo con el comunicado, estas organizaciones utilizan actividades empresariales y del sector turístico como fachada para captar recursos de origen ilícito. El impacto de estas operaciones es de carácter transnacional y se concentra principalmente en destinos como Jalisco y Nayarit.

En el ámbito nacional, la UIF realizó estudios financieros, fiscales y corporativos de los involucrados. Los análisis permitieron identificar movimientos relevantes de dinero, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos significativos con tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en la región occidental del país.

Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales de la autoridad.

La dependencia señaló que mantiene coordinación permanente con instancias nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las capacidades económicas de organizaciones criminales.

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