Opinión

Querétaro: Una fachada social. Por Caleb Ordoñez

Published

hace 4 años

Mar 10, 2022

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Caleb Ordóñez Talavera

Las imágenes en vivo de una pelea campal, como nunca se había visto en la historia del país, llenaban de asombro por su nivel de violencia. Se trataba del estadio “Corregidora” de Querétaro, mientras se enfrentaban los equipos de “Gallos” contra el “Atlas” de Guadalajara.

Hombres armados, golpeándose brutalmente; niños corriendo desenfrenados; el desconcierto haría un caos, donde en toda la cancha de futbol se gestaban peleas donde los involucrados sangraban, pero seguían arrojando golpes y patadas.

Los primeros reportes luego de la tensa calma no eran nada alentadores. Primero se informó de 17 muertos, luego de 26. Para muchos “futboleros”, era impensable que en un partido entre ambos equipos pudiera suceder una tragedia a ese nivel. Pero la información llegaba desde Querétaro con datos catastróficos. Debo aceptar –y disculparme- pues fui uno de los que cayó en la mala información, pues lo que se debía reportar como heridos, era comunicado como fallecidos. La situación era dantesca lo que hacía suponer que todo pudo ser cierto.

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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hace 2 días

Dic 10, 2025

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
Enriquecimiento ilícito,
Uso indebido de atribuciones y facultades
Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024:

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…