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México

¿Quién es Alejandro Quintero, señalado en «campaña negra» contra AMLO?

Alejandro Quintero Iñiguez comenzó como especialista en mercadotecnia en empresas privadas, sin embargo, fue a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto como mandatario del Estado de México que lo catapultó en la escena de la política nacional.

Hombre especializado en mercadotecnia, Quintero Íñiguez trabajó en la campaña que llevó a Peña Nieto a la Presidencia de la República, cuando se señaló por parte de Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la presidencia de una campaña con medios de comunicación.

En Los Pinos también ayudó al presidente Peña Nieto, en 2016, para atajar las malas evaluaciones que tenía el entonces mandatario por parte de la ciudadanía.

Fue apoderado legal de Telepersonal SA de CV, empresa resultante de la fusión de Radar Comunicación y Mercadotecnia SA de CV y Radar Servicios y Especializados de Mercadotecnia SA de CV, la primera es una empresa relacionada con la creación de spots y mensajes presidenciales del anterior gobierno federal y la segunda mencionada como la partícipe de una campaña a favor de Enrique Peña Nieto.

Anteriormente, fue vicepresidente Corporativo de Comercialización de Televisa donde era parte de la estructura importante y hombre de confianza de los directivos de esa empresa. Sin embargo, sale de Televisa y comienza a fundar varias empresas, entre éstas Grupo TV Promo SA de CV y TV Promo SA de CV, de la que era socio con sus cinco hermanos.

Este jueves, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador refirió que denunciará ante las autoridades electorales presuntos delitos de financiamiento ilegal de personas vinculadas al PRI y propaganda en su contra durante la campaña que lo llevó a la Presidencia.

El caso implica a la empresa llamada Bufete de Proyectos Información y Análisis, la cual recibió una serie de millonarios aportes de privados, sin justificación aparente, y que es vigilada también por su presunto papel como empresa fachada para el desvío de recursos públicos durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, informó la Secretaría de Hacienda.
Esta compañía habría realizado a su vez transferencias por varios millones de pesos a empresas vinculadas a la producción del documental «El populismo en América Latina», que se supone buscaba perjudicar la candidatura del hoy presidente.

«La ruta del dinero permite ver desde grupos empresariales, empresas de naturaleza privada, personas físicas que reciben el dinero para concentrarlo en dos personas en particular, que son las encargadas de (…) generar el proyecto de ‘Populismo en América'», dijo Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

«El caso está relacionado con propaganda negra (…) orquestada a partir de dos personas en particular, Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, por un lado», y por otro lado la empresa Piña Digital, cuyo accionista Javier García Mata es productor del documental, detalló el funcionario.

Alejandro Quintero, un exejecutivo de Televisa, es considerado el gran artífice de la campaña que llevó a la presidencia a Peña Nieto en 2012.

Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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