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Política

Quién es María Estela Ríos, la nueva consejera jurídica de la Presidencia

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Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmara la renuncia de Julio Scherer Ibarra como Consejero Jurídico del Ejecutivo federal, el mandatario anunció la llegada al cargo de María Estela Ríos.

“El licenciado Julio Scherer, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado. Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho. Él es parte de este proceso de transformación en el tiempo que se desempeño como consejero se hizo cargo de elaborar las iniciativas de reforma a la Constitución para ajustar el marco jurídico a nuestro proyecto de transformación del país”, informó López Obrador al iniciar su conferencia mañanera de este jueves 2 de septiembre.

Acto seguido, el presidente anunció la llegada de Ríos González, quien ya se había desempeñado como consejera jurídica cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

“He tomado la decisión de invitar como consejera jurídica a quien ya me ayudó también como consejera jurídica cuando me desempeñe como jefe de Gobierno de la ciudad, María Estela Ríos”, detalló.

¿Quién es María Estela Ríos González?

María Estela Ríos (Foto: Twitter)María Estela Ríos (Foto: Twitter)

Es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con estudios de Maestría en Ciencias Políticas por la misma Universidad, así como una Maestría en Derecho Laboral por el Centro Universitario Emmanuel Kant, de la cual se encuentra en proceso de titulación. Fue profesora interina en Derecho Procesal del Trabajo por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

De acuerdo con el currículum dado a conocer por el gobierno federal, ha sido abogada litigante con experiencia en derecho laboral en defensa y asesoría de Sindicatos y Trabajadores.

También fue miembro Presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y miembro del Comité Ejecutivo de la Coalición Pro Justicia en las maquiladoras.

En 1996 fue representante de la ANAD ante la comisión de Seguimiento y Verificación. De enero a junio de 1998 fue Directora del Registro Civil. De julio de 1998 a septiembre de 2000 se desempeñó como Coordinadora de asesores de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del Distrito Federal.

De septiembre a diciembre de 2000, fue procuradora de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal.

Del año 2000 al 2006, durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, fue Consejera Jurídica y de Servicios Legales.

Durante ese período de María Estela Ríos, se reconoció la capacidad del Jefe de Gobierno para interponer controversias constitucionales, con la controversia constitucional del horario de verano y otras. También inició el mejoramiento sustancial del Registro Civil y realizó la defensa del patrimonio de la capital del país.

De 2007 a marzo de 2013 se desempeñó como Auxiliar Jurídica en Dictamen en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF.

Posteriormente, fue la secretaria General de Asuntos Individuales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en donde promovió la unificación de criterios en materia laboral y el ingreso y ascenso de personal mediante concurso (marzo 2013-noviembre de 2014).

Desde diciembre de 2014 a la fecha, se había desempeñado como Directora del Instituto de Especialización de la Junta Local De Conciliación y Arbitraje de la Ciudad De México.

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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