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Quienes han dejado de cotizar por muchos años pueden recuperar su pensión

Existen miles de personas que dejaron de trabajar de manera formal y piensan que sus beneficios relacionados con la pensión se han perdido, sin embargo esa prestación es vitalicia y se puede recuperar, así lo explicó el Contador Público Certificado, José Manuel Etchegaray Morales.
Esto lo dio a conocer durante su exposición en el Seminario de Seguridad Social, con el tema Planeando Mi Retiro Con Pensiones del Seguro Social, que fue impartido por el Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua.
José Manuel, señaló que respecto a la Ley del Seguro Social de 1973 y que abarca a los trabajadores que iniciaron su vida laboral en 1997 o años anteriores, ley que otorga mayores beneficios que quienes integran la ley vigente.
Mencionó que para tener la pensión con la ley anterior se necesita haber cumplido 60 años de edad, tener 500 semanas cotizadas y estar desempleadas; existen en todo México más de un millón de personas que cuentan con estos requisitos.
Sin embargo existe un concepto dentro de este mismo tema que se llama ‘vigencia’ o ‘conservación de derechos’, que sería un cuarto requisito, pero hay quienes no lo tienen pues llevan entre 10 o 15 años sin cotizar.
Para todas estas personas la ley señala que deben cotizar nuevamente 52 semanas, es decir, un año, pero es aquí en donde se presenta el primer problema pues para las personas mayores es muy difícil que les den trabajo.
En este sentido el Contador Etchegaray, comentó que hay familiares o amigos que cuentan con negocios y por ayudar a estas personas, los contratan por un año para que puedan cumplir con dicho requisito, lo que posteriormente puede acarrear problemas tanto para la empresa como para el beneficiario.
Esto debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de sus revisiones rutinarias, se percata de que comienza a cotizar alguien que llega a los 60 años y que tenía bastantes años sin cotizar, lo marcan como un foco rojo por ser una situación atípica y deciden realizar auditorías.
Señaló que la solución más viable para estos casos es acceder a un plan de cotización voluntaria, en donde no ponen en riesgo a ninguna empresa y pueden completar las 52 semanas faltantes para realizar el trámite de la pensión de manera regular.
Esto es una opción que marca la ley pero lamentablemente no es muy conocido, pero es lo más recomendable, tomando en cuenta que con la modernización de los sistemas y bases de datos, el IMSS tiene acceso a bastante información pero también los usuarios de estos servicios, cuentan con mayor acceso tanto a la información como a los beneficios u opciones que se ofrecen.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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