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“Quiero ser ejecutado aunque sufra”, dice un condenado a muerte. Pero la juez prohíbe matarlo

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Un juez de Nevada ha paralizado la ejecución de un condenado a muerte que iba a recibir este miércoles la inyección letal con una mezcla de medicamentos nunca antes probada en Estados Unidos. La compañía farmacéutica que fabrica uno de esos compuestos químicos se opuso a que fuera usado para matar a una persona. El condenado, en cambio, ha solicitado que se le ejecute aunque duela.

“La vida en prisión no es vida”, ha asegurado Raymond Dozier, de 47 años, en sendas entrevistas a los diarios Reno Gazette Journal y Las Vegas Review-Journal. “He sido muy claro en que quiero ser ejecutado… incluso aunque sea inevitable que sufra”, escribió Dozier a la juez que aplazó en noviembre su condena.

Dozier lleva en el corredor de la muerte desde 2007, cuando recibió la pena capital por asesinar y desmembrar a un joven en Las Vegas (Nevada). En 2005 ya había sido condenado a 22 años de prisión por balear hasta la muerte a otro joven en Phoenix (Arizona).

Su ejecución sería la primera en Nevada en 12 años. La pena de muerte atraviesa problemas en todo el país por la negativa de las farmacéuticas a suministrar los medicamentos necesarios. Eso ha llevado a plantear otros métodos como la silla eléctrica o el pelotón de fusilamiento. Lee aquí los motivos.

La solución ideada por Nevada fue inyectar una combinación de medicamentos nunca antes usada. Primero, un sedante (midazolam) usado habitualmente como analgésico o anestésico. En 2014, Clayton Lockett, un condenado a muerte en Oklahoma, agonizó durante 43 minutos después de que esta droga fallara y no le hiciera el efecto esperado. La Corte Suprema dictaminó sin embargo que su uso era constitucional porque no causa “un riesgo sustancial de sufrimiento”.

A continuación, fentanilo para ralentizar y quizá incluso detener la respiración. Esta droga, 50 veces más potente que la heroína, se usa en medicina como analgésico, pero está detrás de la epidemia de opioides que ha causado miles de muertes en los últimos años en Estados Unidos.

Y, por último, una droga llamada cisatracurio que paraliza los músculos y se usa en medicina en combinación con anestésicos. La juez Jennifer Togliatti, del condado de Clark, prohibió en noviembre a las autoridades de Las Vegas usar este medicamento para ejecuciones, después de escuchar a expertos médicos asegurar que su efecto paralizante podría impedir percibir si una persona está sufriendo (la Constitución permite la pena de muerte pero prohíbe un castigo cruel o inusual, es decir, quitar la vida con sufrimiento).

Sin embargo, la Corte Suprema de Nevada anuló este dictamen, dando así vía libre a su uso. Su decisión se debió a motivos procesales, es decir, no dictaminó si el uso de este método para quitar la vida es constitucional o no.

Dozier debería haber sido ejecutado hoy, pero otra juez del condado de Clark, Elizabeth Gonzalez, ha prohibido usar midazolam en la ejecución da petición de fabricante. La farmacéutica Alvogen, con sede en Nueva Jersey, alegó que Nevada compró el fármaco con “subterfugios”, puesto que la compañía se opone a que sea usado para matar en vez de para curar, y explicó que había sido usado anteriormente en ejecuciones que salieron mal.

También la farmacéutica Sandoz, fabricante del cisatracurio, se opuso a su uso, pero no lo llevó ante la corte. Y Pfizer, fabricante del fentanilo, exigió a Nevada que devolviera el cargamento que había comprado, pero el estado se negó.

Las autoridades de Nevada podrían acudir ahora a la Corte Suprema para lograr que se permita el uso de estos medicamentos.

Fuente: Telemundo

Política

Expone Oscar Avitira daños estructurales en viviendas de Ciudad Juárez por operaciones de extracción de empresa ASPA

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• Se han visto afectadas colonias de la zona poniente cerca de Camino Real, como los Ojitos y las aledañas a la Sierra de Juárez

Ciudad Juárez, Chih., 9 de febrero de 2026. – El diputado, Oscar Avitia Arellanes, denuncio la problemática que viven los vecinos de la zona poniente en Ciudad Juárez quienes fueron afectados derivado de las operaciones de la empresa Asfaltos y Pavimentos de Juárez (ASPA) quienes han realizado voladuras con explosivos, durante años, lo que ha generado daños estructurales en las viviendas de los vecinos de dicha área fronteriza.

El legislador explicó que las operaciones de la empresa ASPA, que se ubica a un costado del Camino Real, a la altura de la Colonia los Ojitos, se relacionan con la industria de la construcción de vías terrestres, carreteras, pavimentación, urbanización, terracerías, entre otros; y desde finales de 2021, ha realizado voladuras con explosivos en sus operaciones de extracción de materiales en la zona poniente, cerca de la Sierra de Juárez.

“Un caso emblemático ocurrió en diciembre de aquel año, cuando una detonación de aproximadamente 125 kilogramos de explosivos generó ondas de choque, dejando consigo daños estructurales en viviendas y otro tipo de edificaciones de la colonia los Ojitos, así como en áreas aledañas”, dijo.

Oscar Avitia, señaló que estos hechos no han quedado en el pasado ya que las quejas persisten, las vibraciones regresan una y otra vez, y en las últimas semanas los vecinos han vuelto a sentir el estruendo que les roba la paz, el sueño y la seguridad.

“No se trata de un incidente aislado, sino de una amenaza recurrente que pone en riesgo la vida de niñas, niños y familias enteras quienes ven vulnerados sus derechos”, enfatizó.

Como parte de dicho acuerdo, esperamos contar con el respaldo de las distintas fuerzas políticas a fin de hacer a las siguientes autoridades para los siguientes fines:

? A la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para verificar el cumplimiento estricto de normas federales en el manejo y uso de explosivos por parte de ASPA.
? A la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), para evaluar impactos en la salud pública posiblemente derivados de las operaciones de dicha empresa.
? A la Dirección de Protección Civil Municipal de Ciudad Juárez, para inspecciones técnicas urgentes y evaluación de riesgos estructurales en viviendas afectadas.
? A la Dirección de Ecología del Municipio, para supervisar emisiones de ruido, vibraciones y otras.
? A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para revisar autorizaciones ambientales y aplicar sanciones si es que proceden.
? A la Fiscalía General del Estado para otorgar a quienes interpongan su denuncia, facilidades y seguimiento a fin de garantizar la reparación integral del daño.

Finalmente, Oscar Avitia exigió prioridad absoluta en la protección de la vida y el patrimonio de las familias juarenses, ya que ninguna actividad económica debe realizarse a costa de la seguridad de las y los juarenses.

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