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México

Quintana Roo plantea un nuevo cobro a turistas extranjeros

El gobernador Carlos Joaquín González ingresó al Congreso del estado una iniciativa para reforma a la Ley de Hacienda de Quintana Roo que plantea el cobro de 217 pesos ó 10 dólares a los visitantes extranjeros que reciba la entidad por concepto de aprovechamiento de bienes de dominio público.

El aprovechamiento deberá ser enterado a la autoridad fiscal por las personas turistas que ingresen al estado de Quintana Roo”, se lee en la iniciativa.

Se añade que “los recursos presupuestales que se obtengan del presente aprovechamiento permitirán al estado de Quintana Roo la generación de empleos y a promover la generación de núcleos económicos, por medio de los cuales se produzcan empleos, cuyo principal propulsor será el turismo que, desde luego, verá a nuestra entidad como un fuerte atractivo para visitar”.

La medida se justifica bajo el argumento de que “las transacciones llevadas a cabo por el turismo internacional dan lugar a movimiento de divisas que deberían de contribuir al gasto público, con el fin de proveer bienes, servicios y espacios públicos que satisfagan las necesidades de quienes visitan los distintos puntos turísticos del estado de Quintana Roo”.

Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo de Quintana Roo, dijo que esta iniciativa se deriva de la reducción de recursos federales que enfrentará la entidad durante 2021, por lo que este mecanismo le permitirá al gobierno estatal recaudar entre 350 y 400 millones de pesos al año.

No se trata de un impuesto, dijo, sino de un derecho que ya se cobra en otros estados como Baja California Sur, donde desde hace un año se estableció este mismo cobro, pero por un monto equivalente de los 20 dólares por turista extranjero.

Aunque la iniciativa no ha sido del agrado de cámaras empresariales que han manifestado su inconformidad porque alegan que se inhibirá a llegada de visitantes a la entidad, Vanegas Pérez dijo que esto no es así, ya que está demostrado que en los últimos años se mejoró el perfil del turista que visita Quintana Roo, el cual en promedio tiene ingresos por más de 75,000 dólares anuales, lo cual es garantía de que el nuevo cobro no representará una carga ni un motivo de peso que pueda reducir el volumen de visitantes que capte la entidad.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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