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Quitarían nombre «ViveBus» al sistema de transporte público

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“El nombre es importante para cambiar la imagen, pero el estudio se finca en la utilidad que puede generar a la ciudadanía volver al sistema original ideado para esta ciudad”, expresó el director general de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos.
Lo anterior en referencia al cambio de nombre, imagen y administración del sistema de transporte público, que a la fecha aun se denomina “Vivebus”, pero cuya operadora, desde hace una semana, está a cargo de David Holguín por parte de Gobierno del Estado, en tanto que la Secretaría de la Función Pública, realiza una auditoría para deslindar responsabilidades.
La troncal, será administrada por la Operadora de Transporte Vivebus y las alimentadoras como se lleva a cabo desde el mes de junio, son responsabilidad de los concesionarios.
“Cambiar el nombre de Vivebus es una propuesta de campaña de Javier Corral”, recordó Gallegos, esa propuesta se encuentra dentro del estudio que se realiza, y a la brevedad se darán a conocer los avances en ese sentido.
Resaltó que más allá del cambio de nombre para que la sociedad lo identifique, hay estudios y propuestas importantes que corresponden a la Secretaría de Desarrollo Urbano.
En estos días se convocará a los medios para dar detalles sobre la situación de la ruta troncal, por parte de la Secretaría de la Función Pública y lo que posteriormente se hará con las alimentadoras y otros sistemas de transporte, para hacerlos más eficientes.
No obstante, reiteró que los cambios al sistema de transporte deben ser graduales, para que la ciudadanía no sufra los estragos propios de una acción de este tipo.
Respecto a la situación laboral de los choferes, Gallegos resaltó que el gobierno fue únicamente un facilitar o negociador, para que se cumpliera con lo que establece la ley, respecto a sus salarios y prestaciones.
Dijo que las reuniones con el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Jorge Doroteo Zapata, continuarán, igual que con todos los sectores involucrados en el transporte, porque también merecen una atención puntual y oportuna del gobierno

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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