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Opinión

RADIO Y TELEVISION…por Jaime A. Fong R.

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¿Cómo están todos? Con el siempre gusto de poder saludarlos por este espacio, les quiero platicar que el día de ayer llego a San Lázaro, la iniciativa en materia de Telecomunicaciones que firmo el presidente el pasado lunes.

Iniciativa que pide modificar diversos artículos de nuestra carta magna y otras leyes, con el objeto de poder ampliar los servicios y tarifas en diferentes ramas de las telecomunicaciones en nuestro país. ¿Pero en qué consiste?

Articulo 6°. REVO_AXiS_Digital_Radio_with_iPhoneiPod_Dock

Según el numeral sexto de nuestra constitución, establece la libertad de expresión en el sentido más amplio, es decir que la simple manifestación de las ideas no será objeto de alguna inquisición judicial ni administrativa.

La iniciativa propone agregar un apartado B a dicho artículo, para determinar que dicho derecho sea un servicio público de interés general, donde el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que sean bajo los principios de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad

Es decir, que lo que pretenden es que el mayor número de personas puedan acceder a la promoción de actividades culturales, integración nacional, formación educativa y ética,  dar espacio a la diversidad y pluralidad de ideas que fortalezca al país.

Radio.

Las concesiones para la radio en México, se pretende sea llevado por el creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el cual contara de autonomía constitucional, como lo es el Instituto Federal Electoral (IFE), el cual deberá de garantizar que más gente, sin importar su estatus económico, pueda acceder al mercado de la Radio en el país.

Lo anterior se va a ver reflejado con la licitación pública de más cadenas de radio a lo ancho y largo del país, donde como ya les comente, se espera que esto ayude a que con mayor competencia exista mayor beneficio para todos los mexicanos.

Televisión.

De entrada se habla sobre la licitación de dos cadenas de televisión abierta en México, actualmente solo existen dos, (televisa y tv-azteca). Con ello darán margen para que las empresas que estén interesadas en el negocio de los contenidos televisivos deban de ofrecer una mayor calidad y un mejor servicio a un bajo costo para todos aquellos que contratan sus espacios publicitarios en el medio.

Se habla de a quien o quienes tendrán dichas concesiones, la verdad es que eso no lo conocemos, sin embargo debemos de ser claros en que podrán ser grandes empresas que existen actualmente en alguna otra materia o bien aquellos que decidan invertir en este mercado, que para mi punto de vista, ha ido dejando de ser atractivo para muchos.

Lo que respecta a la banda ancha de telefonía fija y móvil, les comento que se espera que con estos cambios, tengamos mejor calidad de transferencia de voz y datos, así como un menor costo a lo que actualmente nos ofrece la mayor compañía de telefonía celular en el país. Esto será a través de la inversión por parte del gobierno mexicano en infraestructura del ramo dado que no se cuenta con ello.

¿Habrá un cambio en los servicios de la tecnología del siglo XXI?

 

Al tiempo, tiempo.

El viernes pasado cayó uno más –

Nos leemos la siguiente semana.

 

Twitter: @jafong

Jaime Agustín Fong Ríos, es originario de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, egresado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, ha trabajado como asesor de comisiones legislativas en el Congreso del Estado de Chihuahua y actualmente labora en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.jaime fong

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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