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México

Realizan ensayo de regreso a clases presenciales en SLP

El Secretario de Educación de San Luis Potosí, Joel Ramírez Díaz, aclaró que la movilización de alumnos de este lunes en algunas escuelas en el estado corresponde a un ensayo y no al regreso a clases.

Explicó que la autoridad educativa del Ayuntamiento de San Luis Potosí capital les informó que las clases presenciales -a modo de ensayo- se llevaron a cabo en 10 planteles de las 21 escuelas auspiciadas por el gobierno municipal, de cara a la eventual apertura de los Centros Comunitarios de Aprendizaje. “Sin embargo, la autoridad municipal reitera y reconoce al Estado con la rectoría de las políticas educativas, así como la coordinación en este asunto”.

Por su parte, la directora de Educación Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí capital, Azalea Martínez Navarro, dijo que las escuelas municipales, en el marco del semáforo amarillo que la autoridad sanitaria decretó, inició un ejercicio piloto en 10 planteles con la finalidad de preparar el camino para un eventual regreso seguro a asesorías presenciales en las aulas, de acuerdo con La Jornada San Luis.

“No hay un regreso a clases en las escuelas municipales, esto es un ejercicio piloto que se realizó con la intención de preparar el mejor camino a seguir, ya sea con el esquema de los Centros Comunitarios de Aprendizaje u otro que dicte la autoridad estatal de la mano con las autoridades sanitarias, y siempre pensando en cuidar la salud de nuestros alumnos y alumnas”, subrayó.

Joel Ramírez reiteró que conforme a los lineamientos emitidos por la autoridad federal y de acuerdo a las condiciones de la entidad, San Luis Potosí se ha sujetado a las disposiciones emitidas en torno al regreso a actividades presenciales en los planteles escolares.

«En este sentido, la Coordinación Estatal para Prevenir Riesgos Sanitarios (COEPRIS) nos recomendó una permanencia de al menos quince días, tras decretado el semáforo sanitario amarillo, antes de considerar un posible retorno a actividades, ya que coincide con el inicio del período vacacional de Semana Santa, por lo que quince días después del término de este periodo de descanso, se podría considerar la apertura de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, que principalmente contemplan un esquema de participación voluntaria», agregó.

Fuente: Aristegui Noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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