Esos tres términos podrían servir para trazar una radiografía del estado actual del narcotráfico en México.
Al inicio de la guerra contra las drogas a fines de 2006, había cinco grandes carteles y ahora existen al menos 45 grupos, células y pandillas.
La estrategia de privilegiar el arresto de capos de narcotráfico ha provocado la fragmentación de los carteles en decenas de bandas que mantienen el nivel de actividad y pueden resultar más difíciles de combatir, afirman expertos.
¿De qué sirve entonces detenerlos? ¿Llegó el momento de cambiar la estrategia?
Caídas con ruido
Miguel y Omar Treviño Morales (Los Zetas), Joaquín «El Chapo» Guzmán (cartel de Sinaloa), Vicente Carrillo Fuentes («El Viceroy», cartel de Juárez), Servando Gómez («La Tuta», Los Caballeros Templarios) y Héctor Beltrán Leyva (Los Beltrán Leyva).
Y la lista sigue: son algunos de los nombres más representativos de la jerarquía de los carteles en México detenidos en el último año.
«Es el equivalente a podar un árbol. Se toca la parte más visible, pero eso no trastoca la estructura organizativa ni financiera», le dice a BBC Mundo Adolfo Miranda, director del Centro de Estudios para la Seguridad Ciudadana y la Justicia.
Caídas que han hecho ruido, tienen un efecto mediático y ayudan al discurso del gobierno, pero que no terminan de alterar la situación en el terreno, opinan algunos analistas.
«Es el equivalente a podar un árbol», le dice a BBC Mundo Adolfo Miranda, director del Centro de Estudios para la Seguridad Ciudadana y la Justicia.
«Se toca la parte más visible, pero eso no trastoca la estructura organizativa ni financiera, de manera tal que la organización criminal mantiene su capacidad de fuego y su poderío económico», añade.
Fragmentación
En un informe de la Procuraduría General de la República (fiscalía) citado semanas atrás por el diario El Universal se da cuenta de la presencia de nueve grandes carteles en México:
Sinaloa
Jalisco Nueva Generación
Los Zetas
Golfo
Tijuana
Beltrán Leyva
Juárez
Familia Michoacana
Los Caballeros Templarios
Pero se le suman decenas de organizaciones más pequeñas.
El líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, era, al momento de su captura, el narcotraficante más buscado de México.
«Tienes un problema de cambio de modelo delictivo, de modelo de organización criminal», le dice a BBC Mundo Samuel González Ruiz, ex fiscal contra la delincuencia organizada de México.
Se pasó del tradicional cartel, con una estructura jerárquica y un objetivo: traficar droga hacia EE.UU., a «un proceso de unificación de mercados ilícitos».
Ahora la organización busca controlar un territorio. Y todos los ilícitos que se pueden cometer allí: «‘narcomenudeo’, trata de personas, robo de combustible, y otra gama de delitos económicos», explica el ex asesor de la ONU en delincuencia organizada.
«La fragmentación es un producto de la acción del Estado, en cierto sentido, pero también es un resultado de la lógica de la organización criminal. No es un modelo buscado», señala González Ruiz.
Pero en un sentido, reconoce, sí «complica la tarea» de combatir al narco.
«Objetivos prioritarios»
El gobierno hace hincapié en que 93 de los 122 principales delincuentes del país han sido detenidos o abatidos.
«Objetivos prioritarios» del crimen organizado que el presidente Enrique Peña Nieto estableció al llegar al poder a fines de 2012.
Sin embargo, la violencia no cesa.
El estado de Jalisco vivió un 1º de mayo negro con «narcobloqueos» en casi 40 lugares y el derribo de un helicóptero millitar a manos del cartel Jalisco Nueva Generación.
Y algunas de las nuevas organizaciones demuestran su capacidad de hacerle frente a las autoridades.
El estado de Jalisco vivió un 1º de mayo negro con «narcobloqueos» en casi 40 lugares y el derribo de un helicóptero millitar a manos del cartel Jalisco Nueva Generación.
«Decir que la estrategia ha fracasado me parece una exageración», apunta González Ruiz.
«El gobierno federal ha ido avanzando y ha ido tomando pedazos del territorio», añade y cita los casos de los estados de Chihuahua, Nuevo León, Durango.
Detener a los grandes capos, opina por su parte Miranda, «es importante pero no es una estrategia útil por sí misma porque no está acompañada de otro tipo de decisiones».
Cambios en las organizaciones
«La diferencia es que ahora las células son más autónomas, geográficamente más aisladas, y sirven cada vez menos como puntos de referencia para los líderes individuales», señala el sitio InSight Crime, especializado en crimen organizado en América Latina y el Caribe.
Aunque las pandillas tengan «menos capacidad de amenazar al Estado», el «surgimiento de diferentes facciones hace más difícil erradicar la violencia del crimen organizado», analiza InSight Crime.
El gobierno hace hincapié en que 93 de los 122 principales delincuentes del país han sido detenidos o abatidos. «Objetivos prioritarios» del crimen organizado que el presidente Enrique Peña Nieto estableció al llegar al poder a fines de 2012.
A mayor número de actores, se hace «mucho más difícil establecer un tácito conjunto de normas operativas y aumenta la probabilidad de rivalidades violentas», agrega.
El sitio recuerda cómo lo que vive México hoy día es un camino que supo transitar Colombia entre 2008 y 2015.
«Durante ese tiempo, Colombia presenció el surgimiento de múltiples grupos criminales que se conformaron después de la desmovilización de las fuerzas paramilitares de extrema derecha», señala la publicación.
Aunque el número de las llamadas «Bacrim» (bandas criminales) ha ido disminuyendo, y esto es algo que podría ocurrir en México, esta reconfiguración no es necesariamente sinónimo de éxito, sino una nueva mutación de grupos delictivos que se organizan para colaborar entre ellos.
Estrategia diversificada
«En el largo plazo» la fragmentación de los carteles es una buena noticia, aseguró en su columna de El Universal el analista de seguridad Alejandro Hope. «Es preferible lidiar con bandas pequeñas sin capacidad para capturar tramos del gobierno federal».
«Pero en lo inmediato esa fragmentación puede generar amenazas serias a la seguridad ciudadana».
«El Estado mexicano se ha vuelto bueno para cazar capos, pero sigue siendo malísimo para reformar su aparato de seguridad», asegura el analista de seguridad Alejandro Hope.
En el pasado se ha cuestionado el enfoque unilateral del combate militar contra los carteles por no atender otras causas de la violencia, como la falta de oportunidades para los jóvenes de las áreas donde las organizaciones son más poderosas.
«Hay que hacer trabajos de prevención social, no se trata sólo del aspecto punitivo», señala Miranda.
«El Estado mexicano se ha vuelto bueno para cazar capos, pero sigue siendo malísimo para reformar su aparato de seguridad», escribió Hope.
«La persecución», añadió, «tiene que complementarse con esfuerzos de construcción institucional en el espacio local y estatal».
En algunos sitios, destaca González Ruiz, se han tomado policías municipales, se busca el dominio del territorio y la depuración de organismos.
Hace falta, añade, tener policías y jueces que no estén corrompidos, un Ministerio Público más eficiente, un proceso de fortalecimiento del Estado.
«Obviamente una estrategia así es más compleja. Exige la reconstrucción de las instituciones, eso es lo más complicado», asegura.
INE impone multas por 18 millones de pesos a candidatos de la elección judicial por uso de acordeones y otras irregularidades
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes la imposición de sanciones económicas por aproximadamente 18 millones de pesos a candidatos de la elección judicial del pasado 1 de junio, tras detectar diversas irregularidades, entre ellas la utilización de acordeones para inducir el voto.
Durante una sesión extraordinaria, el Consejo General del INE revisó los informes de gastos de campaña correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PJF) 2024-2025, así como de las elecciones judiciales locales celebradas en 19 entidades federativas.
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que se analizaron más de 7 mil 300 informes de campaña correspondientes a más de 7 mil 700 candidaturas, con un universo auditado cercano a los 900 millones de pesos. Humphrey destacó que esta fiscalización representa el cierre técnico e institucional del primer proceso electoral judicial en la historia democrática del país.
De acuerdo con los datos presentados, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) identificó un total de 17 mil 596 conductas irregulares: 8 mil 49 a nivel federal y 9 mil 547 en los comicios judiciales locales. Por estas faltas, se propusieron sanciones por más de 10 millones de pesos en el ámbito federal y 8 millones en el local.
Entre los sancionados se encuentran los nueve candidatos ganadores de los cargos federales, incluyendo al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, así como a las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel.
Una de las principales controversias giró en torno al uso de acordeones durante la jornada electoral. Mientras algunos consejeros calificaron esta práctica como “propaganda ilícita” al no haber sido reportada en los gastos de campaña, otros cuestionaron la validez jurídica de sancionar sin pruebas concluyentes.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, expresó su desacuerdo con las sanciones derivadas de los acordeones, al considerar que no existe “sustento jurídico suficiente” para su aplicación. Por su parte, la consejera Norma de la Cruz señaló que las únicas evidencias físicas corresponden a 336 acordeones de 10 modelos diferentes, sin que se haya podido acreditar quién los imprimió, su costo ni su distribución exacta.
No obstante, el consejero Arturo Castillo afirmó que la presencia de acordeones no reportados constituye una falta grave que debe ser sancionada, aun cuando los beneficiarios hayan resultado electos. En ese mismo sentido, Carla Humphrey subrayó que quienes aspiren a interpretar la ley deben ser los primeros en acatarla.
El pasado 15 de junio, el INE entregó las constancias de mayoría a los nuevos ministros de la Suprema Corte. Esta elección judicial histórica, derivada de una reforma constitucional promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, redujo el número de ministros de once a nueve y creó un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para supervisar a jueces de todo el país