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Reaparece en Australia una serpiente marina venenosa dada por extinta hace más de 20 años

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Una serpiente marina muy venenosa dada por extinta por los científicos fue avistada nuevamente el 12 de abril en Australia, informa la cadena local ABC.

Se trata de una serpiente marina de nariz corta (‘Aipysurus apraefrontalis’), una rara especie endémica detectada por última vez en 1998.

El reptil fue ‘redescubierto’ a 67 metros de profundidad en el arrecife Ashmore, un lugar donde sus avistamientos fueron regulares hasta la década de 1970, fecha a partir de la cual su número fue disminuyendo.

Esta serpiente parda de cabeza corta y puntiaguda fue descubierta por científicos que se encontraban a bordo de un barco de investigación equipado con «tecnologías robóticas avanzadas» mientras estudiaban una concha en el fondo marino, explicó la investigadora Blanche D’Anastasi, del  Instituto Australiano de Ciencias Marinas.

El arrecife Reef, situado a unos 320 kilómetros de la costa noroeste de Australia, fue el hogar de una de las colonias de serpientes marinas más importantes del mundo, pero estas poblaciones empezaron a reducirse bruscamente sin una causa aparente.

Para el año 2012, un total de 17 especies habían desaparecido del arrecife, detalló D’Anastasi.

La serpiente marina de nariz corta es la tercera de las 17 serpientes marinas presuntamente «desaparecidas» que han sido redescubiertas por la expedición del barco de investigación Falkor, perteneciente al Instituto Oceánico Schmidt.

‘Aipysurus apraefrontalis’ es una especie venenosa que puede llegar a crecer hasta los 60 cm de largo. Pertenece a la familia ‘Elapidae’, un grupo cuyos integrantes se caracterizan por sus colmillos cortos, huecos y fijos, que incluye especies terrestres como el taipán, la víbora de muerte común (‘Acanthophis antarcticus’, una de las serpientes terrestres más venenosas del mundo) y la cobra.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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