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Reaparece Javier Duarte y pide al Congreso que le regrese la gubernatura

Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia, reasumirá como Gobernador para concluir su mandato, de acuerdo con una solicitud presentada por el priista al Congreso de Veracruz y que confirma la presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola Sainz.
“Siendo una prerrogativa del suscrito Gobernador constitucional y habiendo definido el curso legal que daré a la defensa de las imputaciones que se dicen pesan en mi contra, las que desconozco si existen o no.
“Por ser de sigilo y no poder ser difundidas por autoridad alguna en el evento de ser ciertas, porque en todo caso desconozco fundamentos y motivos de las mismas y porque no pueden mediar tales sin previo juicio de procedencia he decidido dejar sin efectos la licencia que en su momento solicité”, menciona Duarte en una carta al Congreso de Veracruz.
El documento, que tiene fecha de 11 de noviembre, está firmado presuntamente por Duarte y afirma que decide reasumir funciones debido a que durante el periodo de su ausencia hubo acciones judiciales en su contra lo que considera inadmisible.
“Por tanto ya no requiero la licencia que promoví y que cancelo definitivamente”, asegura.
María Elisa Manterola Sainz dijo que pedirán ratificar la autenticidad del oficio en el que se solicita la revocación de licencia de Javier Duarte.
El pasado 12 de octubre, Javier Duarte de Ochoa salió en una entrevista con Televisa en donde anunció que solicitaría la licencia a su cargo, horas más tarde a través del encargado de la Secretaría Particular del Ejecutivo, José Ramón Cárdeno Shaadi, envió al Congreso estatal el escrito donde solicita licencia para la separación del cargo con carácter de definitivo.
Previo a formalizar la licencia, Duarte de Ochoa señaló en la entrevista que no iba a huir de Veracruz y dijo que presuntamente se quedaría en el estado hasta concluir las investigaciones en su contra.
“Me quedo en Veracruz. No es un tema de huir, es al revés, es para dar la cara, es para enfrentar esta situación y es para, sin soberbia lo digo, evitar que Veracruz siga estando en una coyuntura política”, dijo en su momento.
Seis días después el paradero de Javier Duarte ya era incierto. La última vez que se le vio fue el 13 de octubre, de acuerdo con declaraciones de funcionarios estatales y testigos citados por la prensa nacional y local.
Duarte de Ochoa habría huido de Veracruz utilizando la aeronave de Juan Carlos Molina, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), para trasladarse a la zona del Desierto de los Leones en la Ciudad de México, informó Carlos Loret de Mola en el programa “Despierta”.
Conforme la licencia solicitada, Duarte puede retornar cuando así lo decida y solamente da aviso al Congreso de su determinación.
De corroborarse la autencidad del documento que llegó al Congreso veracruzano Javier Duarte regresaría para gobernar 15 días, en medio de protestas por parte de alcaldes y un desorden administrativo y financiero en el estado.
Aunque el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes ha asegurado en diversas entrevistas que Duarte no goza de fuero, una tesis Jusrisprudencial de la Suprema Corte de Justicia señala que cuando un servidor público que goza de fuero constitucional solicita licencia a su encargo, no pierde la protección otorgada.
Esto implica que el fuero protege a dos personas, al servidor público que se encuentra separado del cargo y al que solicitó licencia.
La PGR ofrece 15 mdp por información sobre Duarte y lo incluye en su lista de los más buscados
Este fin de semana la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró 112 cuentas bancarias, actuó contra cinco empresas dedicadas a actividades diversas y confiscó cuatro propiedades al gobernador con licencia.
Las acciones son parte de las indagatorias contra una red de amigos, familiares y exservidores públicos involucrados en hechos delictivos , informó la PGR.
La dependencia federal ofreció 15 millones de pesos a quien brinde información sobre su paradero.
En la sección de los más buscados, la PGR publicó una ficha con la fotografía de Javier Duarte de Ochoa, como lo hace con otros integrantes del crimen organizado. En ella se destaca que la recompensa por 15 millones que ofreció la dependencia por proporcionar información verídica del Goberndor con licencia de Veracruz que ayude a localizar y detener a quien está prófugo de las justicia desde octubre pasado.
Los campos para el seudónimo y zona de operación se encuentran en blanco, sin embargo en delitos aparece “delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten”. Mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, recordó que Duarte es acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este mismo día, Antonio Gómez Pelegrín renunció a su cargo como Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, a tan sólo 15 días de que concluya la actual administración.
El último funcionario nombrado por Javier Duarte dejó su posición en medio de señalamientos y denuncias de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) sobre su presunta responsabilidad en los desvíos millonarios cometidos en el Gobierno del priista.
El Gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, tomó protesta a la nueva Secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero García, quien se desempeñaba como titular de esa misma área en la Universidad Veracruzana.
Guerrero García recibe una Secretaría quebrada, con endeudamientos bancarios y pagos pendientes a proveedores, alcaldes, pensionados, maestros y trabajadores.
De acuerdo con información de medios locales, se prevé que este mismo lunes se concreten las primeras acciones de entrega-recepción, incluida la Secretaría de Gobierno.

Fuente: Sin Embargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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