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México

Rechaza SAT condonación de impuestos; es baja contable

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, negó que se hayan condonado impuestos durante la presente administración, lo que se hace es una baja contable a créditos inexistentes o impagables.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la funcionaria aclaró que la baja contable se realiza de manera temporal para apartar este tipo de créditos y que no entren dentro de las estimaciones económicas.
Esto no significa que el crédito sea perdonado o un trato preferencial a algún contribuyente, lo que hacemos es ponerlo aparte de los créditos que podemos cobrar ahorita, en el momento que aparezca un bien, esa persona se vuelve a dar de alta y se inicia el proceso de cobro”, explicó.

Comentó que esa información se coordina con la Unidad de Inteligencia Financiera para que mantenga un monitoreo y levante una “banderita” en el caso de que las personas ilocalizables, detecten movimientos o bienes, se les quite la baja contable.

No basta que las personas tengan bienes fuera de México porque necesitamos la posibilidad de ejecutar, no poderlos embargar, no hay instrumento internacional de cooperación fiscal para embargos, y estamos a expensas de que la autoridad extranjera acepte colaborar con nosotros en eso”, dijo.

Ríos-Farjat declaró que este tipo de cancelaciones siempre son supervisadas por la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control.

Por su parte, el administrador general de Recaudación, Héctor Vázquez Luna, señaló que a la fecha, la cartera de créditos fiscales controlados por el SAT representa un monto de 797 mil 924 millones de pesos, equivalentes a un millón 595 mil 301 créditos fiscales.

Detalló que los efectos de la cancelación son similares a una cuenta de banco donde después de efectuar todas las posibilidades de pago, éste no puede hacerse y entonces se concentra en lo que sí se puede cobrar.

Después de que analizamos fuentes externas de bienes, se pasa buró de crédito, se cancelan sellos digitales, que quiere decir que una empresa fiscalmente queda muerta, ya no puede emitir facturas, no puede operar”.

Mencionó que de no ejercerse la facultad de cancelar contablemente los créditos fiscales conforme a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, el SAT estaría sujeto a ser observado por el Órgano Interno de Control o por la Auditoría Superior de la Federación.

Con esto se envía un mensaje a la ciudadanía de que el SAT tiene una gran cuenta de ingresos por cobrar, esto en la realidad no es así porque sólo se recupera en promedio 5.0 por ciento de esa cartera debido a impugnaciones, contribuyentes insolventes, empresas creadas sin activos, entre otros, puntualizó.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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