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Reciben diputados a representantes de órganos electorales en el Estado

Diputados que integran las Comisiones Unidas de Primera y Segunda de Gobernación, recibieron los representantes de los diferentes órganos electorales y a un representante por parte del Poder Ejecutivo, quiénes presentaron diferentes propuestas para la reforma en materia electoral.
En su participación, Alejandro Scherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, señaló que Chihuahua puede avanzar en temas de gran interés público como la regulación de la figura de los candidatos independientes y la reelección, que a nivel federal está contemplada para regularse hasta el año próximo.
Así mismo se puso a disposición para coadyuvar esfuerzos en la revisión del proyecto de dictamen para verificar si no existen contradicciones que puedan influir en que no sea aprobado el documento.
Por su parte Arturo Meráz González, Presidente del Instituto Estatal Electoral, presentó diversas propuestas técnicas para la actualización de la legislación electoral local, entre las que destacan implementar protocolos para prevenir y erradicar la violencia política en la mujer, así como la creación asambleas distritales para Chihuahua y Juárez.
Además planteó la modificación de la estructura orgánica del Instituto Estatal Electoral para crear un régimen de responsabilidad administrativa para los servidores públicos que trabajan en dicha institución.
En el uso de la palabra el Magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Víctor Yuri Zapara, expresó que la figura de reelección para autoridades locales requiere una serie de adecuaciones para definir las reglas claras que valoren los criterios jurisprudenciales en temas como la participación de los servidores públicos en actos de campaña, paridad de género en las postulaciones que realicen los partidos políticos, así como los recursos que se les destinan.
El representante del Poder Ejecutivo, Javier Corrales, señaló que el Ejecutivo Estatal está en total disposición para establecer los mecanismos para que las elecciones se lleven a cabo de la mejor manera, ya que los principales actores son los partidos políticos y los candidatos y las candidatas.
Por último los diputados acordaron que en la próxima reunión iniciará con el análisis de las propuestas e iniciativas que han sido recabadas en los foros realizados en diferentes puntos de la entidad y las que han sido entregadas de manera escrita y a través de la página oficial del Congreso del Estado.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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