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Recomienda a Hacienda no aplicar el ajuste inflacionario el 1 de enero, para evitar «abuso»

Ante los cuestionamientos por el posible incremento en los precios de las gasolinas, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en durante su conferencia matutina que no se trata de un gasolinazo, sino de un ajuste de acuerdo a la inflación.

Una de las promesas de campaña del mandatario fue evitar los “gasolinazos”, nombre que se le dió al aumento importante en los precios de las gasolinas durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto. Ante su promesa de que no incrementará el precio de los energéticos, llamó la atención que en redes sociales, según comentó un periodista durante la conferencia, se comience a hablar de un gasolinazo a partir del primero de enero.

Ante esto, el presidente declaró: “Andan, de veras, muy nerviosos. No se serenan, no se tranquilizan. Quisieran decir que no hay cambios, que somos iguales […] Nosotros somos consecuentes. Si se dijo: no va a haber aumento en los impuestos, no hay aumento en los impuestos. Se dijo: no va a haber gasolinazos, no hay gasolinazos. No van a aumentar los precios de los energéticos, como aquí se vé, en términos reales. Es decir, nunca van a aumentar por encima de la inflación.”

Comentó además que hablará con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para arreglar que el incremento en los precios de la gasolina con ajuste a la inflación, no se haga a partir de enero. Esto, según declaró, para evitar aumentos desmedidos en el precio a los consumidores de energéticos.

Sobre la manera en que se calcula el reajuste de los precios, el Jefe del Ejecutivo explicó: “No hay aumento de impuestos, lo que hay es un ajuste de acuerdo a la inflación […] ¿Qué es lo que se hace? Se agrega. Si la inflación es del 3%, eso es lo que se debe de agregar en todo el año”.

Aunque el aumento del precio no implica nuevos impuestos, sí se trata de un aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Sin embargo, como lo explicó López Obrador, esto se trata solamente de un reajuste que se realiza anualmente por la SHCP.

El IEPS no sólo es aplicable a los energéticos, sino que también afecta al precio de los cigarros y bebidas azucaradas como refrescos. En ese sentido, el IEPS para los cigarros será de 3.32%, para las bebidas azucaradas será de 3.3% y en combustibles 3.3% para gasolina de tipo Magna y 3.33% de la Premium.

De tal forma que, en razón del ajuste, el precio por el litro de gasolina Magna pasará de 4.95 pesos a 5.1148. En cuanto a la gasolina Premium, en vez de pagar 4.18 pesos, las y los consumidores tendrán que pagar 4.3192 pesos por el litro de combustible.

Este ajuste no se trata de un “gasolinazo” como el que se vio durante la administración del ex presidente, Enrique Peña Nieto. En esa ocasión, el aumento repentino de hasta un 20% en el precio de los combustibles tuvo que ver con el comportamiento del mercado luego de que el negocio de los energéticos se abriera a la inversión privada como consecuencia de la Reforma Energética.

Esta reforma, enarbolada como un logro de la administración del ex presidente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), según el mismo ex mandatario, iba a promover la reducción en los precios de las gasolinas. Sin embargo, a inicios del año 2017 la situación fue muy distinta.

El descontento provocado por el aumento en el precio de los energéticos provocó muestras de inconformidad y protestas que llevaron al cierre de varias gasolineras, corte de rutas y luego, desabasto de combustible en varias regiones del país.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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