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Reconoce Banxico 16 hackeos a bancos

Instituciones del sector financiero en México registraron 16 ataques cibernéticos de 2019 a enero del presente año, los cuales tuvieron un costo de 785.4 millones de pesos, de acuerdo con reportes del Banco de México (Banxico).

Según los registros del banco central sobre los “Principales incidentes cibernéticos ocurridos en el sistema financiero nacional”, fue en 2019 cuando se registraron las mayores afectaciones, superando incluso al 2020 cuando se incrementó el uso de banca por Internet y móvil derivado de la pandemia.

Si bien el nombre de los afectados no es público, Banxico sí comparte detalles sobre estos ciberataques; en sus registros detalla cómo fue, si hubo afectaciones a clientes y lo más importante, para medir el impacto económico, y es un dato que ningún banco comparte públicamente, es a cuánto ascendió el monto de esos ataques.

En los incidentes destaca el hecho de que se reconoce por primera vez, que, en 2019, el banco central registró 8 ataques por un monto total 784.7 millones de pesos, que implica el monto más alto registrado hasta la fecha.

En los datos se confirma que en septiembre de 2019 un banco tuvo un ataque que les permitió a los ciberdelincuentes sustraer dinero, después de iniciar una sesión en un dispositivo móvil con claves robadas a los cuentahabientes.

Los atacantes lograron vulnerar los controles de la aplicación del banco para enviar transferencias por montos superiores a los permitidos, aprovechando deficiencias en los procesos de validación y control.

En ese mismo mes, un ataque a otro banco se concretó, según se explica en el informe, después de iniciar una sesión en un dispositivo móvil, también con claves robadas a los clientes; los atacantes lograron vulnerar los controles de la aplicación del banco para enviar transferencias a cuentas no pre-registradas por el cliente, aprovechando deficiencias en los procesos de validación y control del sistema. Ambos tipos de ataques no han sido reconocidos por ningún banco.

En ese año, fue en mayo el mayor fraude cibernético, el cual fue ejecutado por personal de terceros que laboraba al interior de un banco de inversión, quienes mediante la inyección de operaciones apócrifas de depósito de intereses a cuentas de cheques lograron sustraer 462 millones de pesos en tres días.

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Sedena pagará casi 22 mdp por escultura de Felipe Ángeles para nuevo aeropuerto

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) pagará cerca de 22 millones de pesos por la escultura monumental del general Felipe Ángeles que se instalará en la entrada del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con el diario El Universal, en el contrato se detalla que para esta obra, de más de 10 metros de altura y 20 toneladas de peso que se ubicará a la entrada del aeropuerto, el Ejército Mexicano pagará a la escultora Edysa Ponzanelli 21 millones 983 mil 577 pesos.

Dicho monto se liquidará en cuatro pagos realizados entre 2021 y 2022 con un anticipo del 35% del monto total adjudicado, es decir, 7 millones 694 mil 252.16 pesos.

Edysa Ponzanelli le ha creado esculturas gobierno federal y para diversas administraciones locales; algunas de sus obras son la escultura del cantautor Juan Gabriel en el puerto de Acapulco, y la del expresidente Miguel Alemán que se encuentra en el Calzada de los Presidentes, en la antigua Residencia Oficial de Los Pinos.

Se prevé que el aeropuerto sea inaugurado el 21 de marzo de 2022.

En el contrato SDN/DN8/AIFA/12920-F11/2021-AD-001 se detalla que la escultura del general revolucionario será de bronce fundido y que el autor entregará la obra con un revestimiento de poliuretano transparente para protegerla y preservar el efecto de pátina de la estatua.

“El proveedor debe entregar la escultura colocada en la rotonda que comunica las vías externas de la terminal de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con fecha límite del 9 de marzo de 2022, junto con cualquier otra documentación que se haya generado con motivo de la firma de este contrato”, detalla el convenio.

El documento firmado indica que “todos los gastos, impuestos, derechos, seguro, el embalaje, transporte, carga, descarga, izado, montaje, colocación y/o cualquier otro gasto adicional derivado de la entrega de la escultura al domicilio de la obra corre por cuenta y riesgo del artista”.

Ponzanelli, señalado en el acuerdo, también tendrá la escultura terminada el 9 de marzo de 2022 como fecha límite para la entrega, unas semanas antes de que el presidente inaugure el nuevo aeropuerto.

Cabe recordar que en 2020, el escultor Pedro Ramírez Ponzanelli pagó sus impuestos en especie al Servicio de Administración Tributaria (SAT) con una escultura y un busto del presidente Andrés Manuel López Obrador, elaborado en bronce y granito.

Y que otro miembro de la familia, Óscar Ponzanelli, anunció que a través de la asociación de músicos, locutores y artistas “Realidades en mi Mundo Mágico, A.C.” realizaría una estatua de bronce del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fuente: Proceso

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En México hay más de 200 mujeres presas por delitos relacionados con el aborto: ONG

Asociaciones feministas han detectado a más de 200 mujeres detenidas en México por crímenes relacionados con el aborto, por lo que exigen liberarlas tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional su penalización.

Sin embargo, las mujeres no están condenadas de forma oficial por aborto, sino por delitos como homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio y omisión de cuidados, expuso Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres, en entrevista con Efe.

“En el país no existen mujeres en la cárcel por el delito de aborto, existen 200 mujeres en las cárceles por delitos relacionados, son mujeres que tuvieron partos espontáneos, abortos prematuros o emergencias obstétricas y les configuraron delitos más graves”, advirtió.

Este martes se cumplió una semana del histórico fallo de la SCJN, que por primera vez declaró inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que las ayuden con consentimiento.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) pidió revisar 432 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio pasado en 27 estados del país.

Pero Cruz señaló que los jueces imputan a las mujeres estos otros cargos, aunque aclaró que “el que el delito de aborto se declare inconstitucional va a aminorar muchísimo la posibilidad de que también a estas mujeres las criminalicen con delitos mucho más graves”.

“Nos va a costar un poco más porque tenemos que ir cambiando el imaginario social, que dejen de criminalizar o imponer la maternidad a las mujeres, incluidas víctimas de violación”, reconoció.

El aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

El fallo de la SCJN invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, estado que establecía hasta tres años de cárcel por aborto voluntario, por lo que el Gobierno del estado prometió la semana pasada acatar el fallo y liberar a mujeres detenidas.

Pero allí no hay mujeres presas por este crimen y no hay información clara sobre más detenidas, dijo a Efe Adriana Romo, de la Red de Mujeres de La Laguna, con sede en Torreón.

“Estamos rastreando porque pensamos que en Coahuila, según algunos casos de los que hemos sabido, el delito que se imputaba es el de homicidio en razón de parentesco”, indicó.

Romo expresó su “satisfacción” por el fallo de la SCJN, pero también “preocupación” por la inacción de los diputados locales para legalizar la interrupción del embarazo, no solo la derogación de las penas.

“Las mujeres en Coahuila seguirán en el limbo jurídico. Ese es nuestro temor porque es un tema que sabemos que va a ser muy polémico, que va a haber oposición de muchos sectores y que los legisladores piensan que va a tener costo para ellos”, observó.

También criticó que la Secretaría de Salud del estado se escude en la “objeción de conciencia”, un derecho que la Suprema Corte reconoció esta semana, pero con limitaciones.

“No puede obligar a los médicos, pero la Secretaría de Salud sí está obligada a contratar o a buscar personal médico que no sea objetor de conciencia”, señaló Romo.

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