Chihuahua

Recorre presidente del STJ oficinas que se inundaron en Parral

El nivel del agua frente a la sede del Poder Judicial en esta ciudad alcanzó un metro y medio
Hidalgo del Parral, Chih.- Con la finalidad de supervisar y atender los daños ocasionados por las inundaciones que dejaron las intensas lluvias que se registraron este jueves y viernes en Hidalgo del Parral, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Javier Ramírez Benítez, realizó una visita a las oficinas del Poder Judicial en esa localidad, para constatar la magnitud de la afectación y apoyar al personal en las labores de limpieza.

De acuerdo al reporte preliminar la inundación que se registró en el interior de las oficinas de los Juzgados Civiles y Familiares alcanzó una altura de aproximadamente 20 centímetros tomando en consideración que para acceder a la puerta principal del edificio hay todavía seis escalones que la separan del nivel de la calle, lo que quiere decir que en esa zona el agua llegó a una altura de aproximadamente un metro y medio.

Ramírez Benítez se hizo acompañar de una brigada de apoyo del departamento de Mantenimiento y de la Oficialía Mayor y, entre todos, incluyendo el presidente, realizaron labores de limpieza, retiro de lodo así como movimiento y desalojo de mobiliario dañado.

Las oficinas de los juzgados civiles y familiares del Poder Judicial del Estado están ubicadas junto al Río Parral, mismo que encontró cauce por la calle Adrián Pacheco, ocasionando así que la crecida, por la calle, alcanzara la altura antes señalada.

Cabe indicar que a raíz de la contingencia climática el viernes pasado se suspendieron labores en los juzgados, pero este lunes el personal regresó de manera normal y todos: jueces, secretarios de acuerdo, escribientes y personal administrativo, junto con el presidente participaron en las labores de limpieza.

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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