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Recortarán a 11 mil 256 burócratas

En su Cuarto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto confirmó que se despedirán a 11 mil 256 burócratas.
El documento público detalla que como parte de su política de austeridad este año se cancelarán 10 mil 777 posiciones administrativas, las cuales se sumarán a las 479 anuladas durante 2015.
Entre las secretarías que sufrirán mayor reducción de vacantes destacan la de Comunicaciones y Transportes con 2 mil 593 plazas; la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con 2 mil 048, y Medio Ambiente y Recursos Naturales con mil 863.
Le siguen Hacienda y Crédito Público con mil 194 puestos eliminados; Trabajo y Previsión Social con 718; Economía con 554, y Desarrollo Social con 519.
Las entidades no sectorizas sufrirán la cancelación de 394 posiciones; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 354; Función Pública 310; Energía 192; Tribunales Agrarios 177, y Turismo 166.
Las dependencias menos afectadas por la reducción de personal serán Relaciones Exteriores con 93 plazas; Presidencia con 70; y la Comisión Reguladora de Energía con 11.
El informe especifica que de las 11 mil 256 plazas que serán canceladas una corresponde a subsecretario, dos a jefe de unidad, 14 a director general, 41 a director general adjunto, 442 director de área, mil 567 a subdirector de área y 2 mil 182 a jefe de departamento.
Conflictos sociales
En materia de conflictos sociales el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Peña, señala que se promovieron acciones para identificar y monitorear los mismos, a fin de atender las demandas ciudadanas.
“Se dio seguimiento a 767 eventos realizados por grupos sociales y políticos en la Ciudad de México y su área metropolitana. Para ello, se recabó información que permitió adoptar acciones preventivas y facilitar la oportuna toma de decisiones, que derivaron en 133 comisiones atendidas por las diferentes instancias de la Secretaría de Gobernación (Segob)”, subraya el documento.
Se explica que se revisaron 530 documentos en materia de gobernabilidad democrática, que permitieron generar insumos para identificar la problemática de los conflictos, que por su naturaleza, pueden impactar en el desarrollo normal de las instituciones.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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