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México

Recorte de 239,700 mdp al gasto en el 2017; Pemex, la más afectada

Ante un entorno complejo a nivel mundial, para el 2017 el gasto público del país tendrá el recorte más alto en lo que lleva el sexenio de Enrique Peña Nieto por un monto de 239,700 millones de pesos, siendo Petróleos Mexicanos (Pemex), una vez más, el sacrificado, pues de este total se le ajustará a su presupuesto 100,000 millones de pesos.

Este recorte representa 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) y es mayor en 70,300 millones de pesos respecto del recorte al gasto público que se hizo en este año por 169,400 millones de pesos.

En su primera función como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al entregar el Paquete Económico del 2017, José Antonio Meade indicó que los recortes se concentraron en todas las secretarías del gobierno federal, en la contención de los servicios personales, en el gasto de operación y en algunos programas presupuestarios.

Comentó que se priorizó el gasto en infraestructura de las obras en ejecución, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y los trenes suburbanos de Toluca y Guadalajara, así como los programas sociales.

Las dependencias que más registraron recortes en su presupuesto para el 2017 fueron: la Sedatu, con una reducción del 39.7%; Economía, con 37.5%, y la Sagarpa, con 29.1%, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2016.

Si bien el secretario comentó que no se afectaría la inversión, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvo una reducción en su presupuesto de 28.5 por ciento.

“Este paquete reconoce que nos cambió el entorno, la circunstancia y que nos cambió estructuralmente (…) Es un paquete responsable y que es importante para dar aliento y certeza sobre la economía mexicana ante un contexto económico difícil, por lo que se están dando señales de certidumbre en lo que sí estamos avanzando”, expresó Meade al entregar este paquete que incluye el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y el Código Fiscal de la Federación.

De esta manera, para el 2017, el gobierno federal tendrá ingresos presupuestarios por 4.3 billones de pesos, que significaría un crecimiento de 0.4%, en términos reales, respecto de lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación del 2016.

Lo anterior se deberá en gran parte a que en los ingresos tributarios se espera obtener una recaudación total por 2.7 billones de pesos, un aumento de 9.7%, respecto a lo observado en la Ley de Ingresos del 2016; en contraste, en los ingresos petroleros, se tendrá una reducción de 15.7% con un total de 769,900 millones de pesos.

“Se mantiene el compromiso con el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, pues no se crean nuevos impuestos, ni se incrementan las tasas de los existentes”, aseveró.

“Estamos presentando un paquete que no es inercial, que es estructuralmente distinto y sostenible”, reiteró el funcionario.

Indicó que para el 2017, la economía mexicana presentará un crecimiento entre 2 y 3%; se manejará una inflación de 3%, así como un precio de la mezcla mexicana de 42 dólares por barril.

Comentó que para el próximo año el gasto neto del sector público será por 4.8 billones de pesos, que significará una reducción anual real de 1.7 por ciento.

Sin embargo, dijo, el gasto no programable se incrementará en 12. 2%, el cual se deberá a las participaciones federales que se entreguen, las cuales tendrán un incremento real de 5.3 por ciento.

 

 

El Economista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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