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México

Recorte de 239,700 mdp al gasto en el 2017; Pemex, la más afectada

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Ante un entorno complejo a nivel mundial, para el 2017 el gasto público del país tendrá el recorte más alto en lo que lleva el sexenio de Enrique Peña Nieto por un monto de 239,700 millones de pesos, siendo Petróleos Mexicanos (Pemex), una vez más, el sacrificado, pues de este total se le ajustará a su presupuesto 100,000 millones de pesos.

Este recorte representa 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) y es mayor en 70,300 millones de pesos respecto del recorte al gasto público que se hizo en este año por 169,400 millones de pesos.

En su primera función como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al entregar el Paquete Económico del 2017, José Antonio Meade indicó que los recortes se concentraron en todas las secretarías del gobierno federal, en la contención de los servicios personales, en el gasto de operación y en algunos programas presupuestarios.

Comentó que se priorizó el gasto en infraestructura de las obras en ejecución, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y los trenes suburbanos de Toluca y Guadalajara, así como los programas sociales.

Las dependencias que más registraron recortes en su presupuesto para el 2017 fueron: la Sedatu, con una reducción del 39.7%; Economía, con 37.5%, y la Sagarpa, con 29.1%, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2016.

Si bien el secretario comentó que no se afectaría la inversión, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvo una reducción en su presupuesto de 28.5 por ciento.

“Este paquete reconoce que nos cambió el entorno, la circunstancia y que nos cambió estructuralmente (…) Es un paquete responsable y que es importante para dar aliento y certeza sobre la economía mexicana ante un contexto económico difícil, por lo que se están dando señales de certidumbre en lo que sí estamos avanzando”, expresó Meade al entregar este paquete que incluye el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y el Código Fiscal de la Federación.

De esta manera, para el 2017, el gobierno federal tendrá ingresos presupuestarios por 4.3 billones de pesos, que significaría un crecimiento de 0.4%, en términos reales, respecto de lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación del 2016.

Lo anterior se deberá en gran parte a que en los ingresos tributarios se espera obtener una recaudación total por 2.7 billones de pesos, un aumento de 9.7%, respecto a lo observado en la Ley de Ingresos del 2016; en contraste, en los ingresos petroleros, se tendrá una reducción de 15.7% con un total de 769,900 millones de pesos.

“Se mantiene el compromiso con el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, pues no se crean nuevos impuestos, ni se incrementan las tasas de los existentes”, aseveró.

“Estamos presentando un paquete que no es inercial, que es estructuralmente distinto y sostenible”, reiteró el funcionario.

Indicó que para el 2017, la economía mexicana presentará un crecimiento entre 2 y 3%; se manejará una inflación de 3%, así como un precio de la mezcla mexicana de 42 dólares por barril.

Comentó que para el próximo año el gasto neto del sector público será por 4.8 billones de pesos, que significará una reducción anual real de 1.7 por ciento.

Sin embargo, dijo, el gasto no programable se incrementará en 12. 2%, el cual se deberá a las participaciones federales que se entreguen, las cuales tendrán un incremento real de 5.3 por ciento.

 

 

El Economista

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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